El orden público en Colombia pasa por una de las horas más difíciles de las décadas recientes. La situación de violencia en la región del Catatumbo ha dejado más de ochenta muertos en las últimas semanas, mientras los grupos ilegales buscan controlar los corredores de las economías ilícitas e imponer el terror en la zona.

Ante los ojos del país entero, cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares en el Catatumbo ante la disputa territorial entre el ELN y los grupos disidentes de las Farc. La ciudadanía colombiana ha conocido la tragedia de las comunidades, y el gobierno en respuesta ha anunciado la suspensión del proceso de diálogos con el ELN que pocos resultados ha dejado en más de dos años.

Es especialmente indignante que la ciudadanía colombiana viva una ola de semejante violencia mientras el gobierno negocia diferentes procesos simultáneos de sometimiento a la ley de distintos grupos, en el marco de la llamada ‘paz total’. Estas discusiones han puesto en un mismo costal organizaciones ilegales que poco o nada tienen en común y ha traído muy pocos resultados al país. En cambio, los grupos delincuenciales, las disidencias y guerrillas fortalecen a diario su presencia en los territorios y aprovechan los beneficios ofrecidos por el gobierno para aumentar su dominio en departamentos como Cauca, Nariño, Norte de Santander y Arauca.

Entre la amplia lista de promesas incumplidas del presidente Petro tras su campaña de 2022, en días recientes ha resaltado el recuerdo de cuando señaló que en los primeros tres meses de su mandato acabaría con el ELN por la vía del diálogo. Luego de 30 meses de intentos de paz con ese grupo, no solo ha sido imposible su desarme, sino que esa organización ha aprovechado la coyuntura de las negociaciones para fortalecerse en materia militar y económica. Han sido varias conversaciones de paz con esa guerrilla en las últimas cuatro décadas y siempre la respuesta que ha recibido el Estado es la carencia absoluta de voluntad de paz.

Lo que de fondo se ve con creciente claridad es un error fundamental en la política de paz del gobierno nacional, al incluir a todos estos grupos ilegales en un mismo marco de negociaciones, sin una metodología de negociación establecida, ni líneas rojas definidas. Así, la ‘paz total’ ha premiado con una nueva oportunidad a los excomandantes de las Farc que incumplieron el acuerdo de paz, lo que deja un terrible mensaje de desprotección del acuerdo firmado con las Farc en 2016. A diario se conocen casos de firmantes del acuerdo que han sido asesinados, perseguidos y atacados por estos grupos, como ha ocurrido en las últimas semanas en la región del Catatumbo.

Mientras el orden público pasa por una hora de dificultades y amenazas, la política del gobierno en este frente ha caído en uno de los mayores despropósitos en materia de construcción de paz: que por perseguir nuevos acuerdos ambiciosos e intangibles se descuidan los acuerdos ya alcanzados y vigentes.

Falta un año y medio para el fin del periodo constitucional del gobierno Petro y a estas alturas los logros de la política de ‘paz total’ no solo son nulos, sino que han llevado a la desprotección de la implementación del acuerdo de paz de 2016 y a premiar a quienes lo han incumplido. El afán de abarcarlo todo en una negociación sin frutos y la falta de contundencia con los grupos ilegales de parte del gobierno nacional ha traído una frustración mayúscula para el país, con miles de vidas en riesgo permanente.