A más coca menos paz. Un tema que agitó la administración Duque y que tiene muchísima validez. Es que la combinación de guerrillas y grupos rebeldes armados con el narcotráfico debilitó aún más el Estado colombiano, a tal punto que nuestra propia Democracia ha estado en peligro de desaparecer.

Fue el grito del general McCaffrey, entonces director de la DEA –SOS, Colombia está al borde del abismo- y un diagnóstico dramático de la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, los que llevaron a la construcción del Plan Colombia y así al que fue calificado por el presidente Obama como el mayor éxito de política exterior de Estados Unidos en el Siglo XXI. Ese éxito se tradujo en Colombia en la reducción de los cultivos de coca a 45.000 hectáreas y el debilitamiento casi total de los paramilitares y de las Farc-ep y, en consecuencia, al Acuerdo Final del 2016.

Por fin, el sector de la Defensa se fortaleció, pero no así el Estado colombiano como un todo. Como siempre, y gracias a la cooperación internacional, hemos tenido fortalecimientos sectoriales. Algunos se mantienen otros se debilitan.

Es lo que estamos viendo en los últimos años. Las hectáreas sembradas de coca han dado lugar a una producción de cocaína como nunca la habíamos tenido y, así, esta prolifera en el mundo; somos una potencia mundial de producción de cocaína y casi toda la que llega a Estados Unidos, proviene de Colombia. Esto ha perjudicado nuestras relaciones bilaterales que ya cumplieron más de 200 años de amistad. El nuevo Proceso de Paz también se complica por la incidencia de esta industria criminal. No se puede divorciar el tema de la paz del de la lucha contra la droga y la extirpación de este negocio criminal.

Uno se pregunta, ¿qué habría sido de guerrillas y organizaciones rebeldes armadas si no hubiera existido la gasolina que los impulsa? Jamás habrían alcanzado la capacidad que en su momento tuvieron las Farc y que ahora tratan de obtener los grupos armados que son objeto de la paz total. Que el Partido de los Comunes solicite protección del gobierno para que un grupo disidente, el Estado Mayor Central, deje de tratarlos como objetivo militar, es una señal tremendamente significativa sobre la dinámica de los procesos de paz y de lo que sigue si es que el narcotráfico y la minería ilegal, ahora, continúan alimentando estos grupos armados.

Al mismo tiempo Gustavo Petro no sería Presidente de Colombia si Virgilio Barco no hubiera hecho el Acuerdo de Paz con el M-19 y otros grupos guerrilleros. Este es el contraste. Y ahí es donde se exhiben las fortalezas y las debilidades del Sistema Político colombiano.

Una evidencia estadística respalda estas reflexiones. Cuando Belisario Betancur inició el Proceso de Paz en 1982, las Farc contaban con 1840 guerrilleros y cuando terminó su periodo presidencial con 5159. De 15 frentes pasaron a 33. Hoy, después del Acuerdo Final con las Farc-ep de 2016, las disidencias de las Farc tienen 5126 (el Estado Mayor Central, jefe Iván Mordisco, que cuenta con 3480 y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, con 1646). El Eln 5882; y el Clan del Golfo 1435. Dejemos ahí la enumeración.

Era verdad, ¡a más coca menos paz!