Alguna vez le preguntaron al senador estadounidense Dirksen cuáles son las tres cosas más importantes en la vida política. Su respuesta fue: dinero, dinero, dinero. No estaba muy lejos de una realidad deplorable.

Las investigaciones empíricas dicen que el dinero es indispensable para ganar campañas electorales, pero que por si solo no es suficiente. Es un viejo debate. De allí, la relevancia del tema de la financiación estatal total, por lo menos, de la campaña presidencial. Un tema ya descartado, infortunadamente. Es un imperativo colocar al Presidente de la República por encima de cualquier sospecha.

El tema viene a colación, otra vez, porque no terminamos de lograr claridad con respecto al dinero que tiene el partido político Farc. Es un tema muy delicado por múltiples razones. Mencionemos dos: si ha ocultado dinero, como parecen creerlo el Fiscal General y otros sectores, estarían poniendo en gravísimo peligro la esencia del Acuerdo de Paz. El precio de ese ocultamiento es la pérdida de los beneficios, particularmente el de la Justicia Especial; y, en todo caso, la desconfianza resultante de una mentira que puede afectarlos por décadas.

No sobra decir que este es un asunto que está en el radar no solamente del Congreso de los Estados Unidos sino de las máximas autoridades de ese país. Es que el inventario que entregaron no corresponde a las expectativas resultantes de los negocios criminales que controlaban: drogas ilícitas, oro, coltán, contrabando de gasolina, extorsión, secuestros, etc., etc.

La revista The Economist publicó un dato que nos dejó perplejos. El tesoro de las Farc llegaba a 10.300 millones de dólares, una cifra colosal. Recientemente publicó un dato muy inferior. Pero el tema sigue en una penumbra que no es fácil despejar. Por aquí y por allí se oyen diferentes versiones. Aún las más conservadoras son preocupantes, no olvidemos cuántos millones de dólares encontraron unos soldados en una famosa guaca. Y se habla de testaferros que manejan propiedades valoradas en cifras multimillonarias.

Es una cuestión que tiene por lo menos tres ramificaciones que incrementan la preocupación de los Estados Unidos y, así debería ser, la de los colombianos. La primera es la de los frentes que resolvieron continuar como organizaciones criminales y cuya principal actividad está dedicada al negocio de las drogas ilícitas y que además operan en las fronteras. O sea, implica la continuación de este negocio criminal y la gran pregunta es cuál sería la relación hoy y mañana con el partido político Farc.

La segunda ramificación tiene que ver con la propia relación con Venezuela tanto de Colombia como de Estados Unidos: la pregunta es en qué medida Venezuela es el gran exportador de la cocaína colombiana hacia Estados Unidos y otras partes del mundo y cómo esta situación estaría afectando la relación bilateral. La tercera ramificación es la que tiene que ver con la financiación de la actividad política del partido Farc, tanto en los procesos electorales como en el manejo de la protesta social que es y será una dimensión fundamental de la actividad de ese partido.

Como se ve no es una cuestión de poca monta. El fiscal Néstor Humberto Martínez que ha estado muy pendiente del tema dice que ha dedicado 400 funcionarios para hacer un seguimiento. Ha anunciado varias confiscaciones millonarias. ¿Y quién lava el dinero?