El sistema político colombiano ha dado muestras de gran fortaleza en momentos muy difíciles. Para no ir muy lejos, los acuerdos que llevaron a la creación del Frente Nacional y su ratificación en el mal llamado Plebiscito del 1 de diciembre de 1957 (en realidad, fue un Referendo), como fruto de un consenso político fundamental para devolverle a Colombia un juego político civilizado, desprovisto de violencia y de exclusión. Y que, además, creó un ambiente muy propicio para buen manejo de la macroeconomía y de importantes proyectos de desarrollo financiados por la banca multilateral.

Más allá de críticas justas e injustas se logró un país que pudo ensayar el esquema gobierno-partidos de oposición durante la Administración Barco (1986-90) y así abrir camino no solo para un Acuerdo de Paz con el M19 y otros grupos guerrilleros, sino para propiciar nuevo consenso político que facilitó la construcción de la Constitución de 1991 durante la Administración Gaviria (1990-94).

Infortunadamente, la dificultad de crear consenso político en torno del Acuerdo de Paz con las Farc ha venido creando una situación propicia a la incertidumbre y a una perplejidad que parece instalarse. Por lo menos tres eventos electorales enviaron poderosa señal porque revelaban una ruptura del consenso político en materia fundamental. Recordemos. La primera vuelta de la elección presidencial de 2014 en la cual el candidato que criticaba algunos aspectos del contenido del Acuerdo salió victorioso. Una segunda señal muy poderosa fue la del precario triunfo del ‘No’ en el plebiscito de octubre de 2016. Luego, el procedimiento que se utilizó para ratificar el Acuerdo de Paz, también fue objeto de debate por el mismo sector del ‘No’, que le niega su legitimidad. Y, como si fuera poco, la elección presidencial le dio el triunfo a ese sector y al candidato que había formulado críticas al contenido del Acuerdo.

Una declaración muy contundente del senador Luis Fernando Velasco, publicada en El Tiempo (Junio 10/2019) describe de la siguiente manera cuál era la situación en el Congreso cuando se debatieron las objeciones del presidente Duque a seis temas de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz: “En el debate sobre las objeciones, yo vi al Congreso, particularmente al Senado, que se preparaba como en dos ejércitos. ‘Voy a demostrar -decían unos- que esos señores que aprobaron la JEP son unos bandidos, narcoterroristas, ta,ta,ta,ta,ta’. Y los otros, ‘vamos a demostrar que ahí lo que hay son unos paracos que quieren acabar la paz’. A nadie se le ocurrió pensar: bueno, ¿cuál es el problema y cómo lo podemos resolver?”. No recuerdo haber leído un diagnóstico tan rotundo sobre el ambiente en el Congreso. Una descripción que revela la ruptura de una dimensión fundamental del consenso político. Es la institucionalización de la desconfianza y casi que se podría decir, del odio y del rechazo a la contraparte.

La sociedad política se construye sobre un acuerdo fundamental que establece el procedimiento para adoptar decisiones políticas trascendentales, particularmente, cuando hay desacuerdos fuertes.
Lo más preocupante es que la ruptura de este consenso político, que es el que permite tramitar el desacuerdo, el disenso, en forma civilizada, se está ahondando y ello tiene repercusiones, que al parecer no se están contemplando, sobre la vida cuotidiana y sobre el futuro de la Nación.