Se puede afirmar que llegar a altísimas dignidades (monarcas, presidentes, primer ministro) se ha convertido en un riesgo enorme, superior al de un ciudadano común. Era bien conocido que tan altos cargos implicaban un riesgo enorme para la seguridad personal y la de la familia. Y los dispositivos que se han diseñado para ofrecerle tranquilidad a estas personalidades se sofistican cada día más y han permitido que ellos puedan desarrollar, en apariencia, una actividad normal, desprovista de los temores que están íntimamente vinculados a su oficio.

Con todo, y principalmente en algunos países, los atentados que buscan producir un magnicidio son frecuentes. Estados Unidos, infortunadamente ha sufrido esta situación. John F. Kennedy, su hermano Robert, el presidente Regan, para mencionar los casos más notorios, y dejar en el olvido, por ejemplo, el asesinato del presidente Lincoln.

En nuestro tiempo la idea más que centenaria de que todos estamos sometidos al imperio de la Ley y, luego, la tendencia hacia una justicia globalizada en defensa de la protección de los Derechos Humanos ha creado un riesgo enorme para los gobernantes. En ocasiones, situaciones muy evidentes han justificado esos procesos. Es el caso de Augusto Pinochet quien fue, finalmente, procesado no solamente por corrupción (recordar la cuenta bancaria en el Riggs Bank de Washington), o por violaciones flagrantes de los derechos humanos.

No sería difícil mencionar los casos de los presidentes centroamericanos que han sido trasladados al terminar su período de la sede presidencial al aeropuerto para tomar el avión de la DEA. O los que han sido procesados en su propio país. En estos momentos, por ejemplo, el presidente Maduro se queja de las actuaciones que en su país viene adelantando el Fiscal de la Corte Penal Internacional y que pueden derivar en una acusación contra él o miembros de su gobierno. Nada exótico. Hace unos días conocimos la decisión de esta Corte que ordena el arresto del presidente Putin.

En otros países la alternativa ha sido el exilio o el suicidio. Tal es el caso peruano en el cual seis expresidentes han sido judicializados. Un de ellos, Fujimori, ha vivido la situación del exilio y la prisión, hasta la fecha. Alan García, dos veces presidente, optó por el suicidio. Alejandro Toledo está en el exilio, desde hace varios años expuesto al cumplimiento de una solicitud de extradición. En Ecuador Rafael Correa está exiliado en Bélgica. Y si nos vamos a la Europa de hoy el Rey de España y algunos miembros de su familia, han estado experimentado procesos judiciales y el Rey Juan Carlos prefiere vivir en un país árabe. En Francia tanto el presidente Chirac como el presidente Sarkozy han sido objeto de sentencias judiciales condenatorias. El presidente Lula estuvo 19 meses en la cárcel y el presidente Uribe fue judicializado y se espera que pronto su situación será clarificada con un pronunciamiento favorable.

En estos días hemos asistido al proceso inédito contra el expresidente Trump. Quienes conocen bien su situación consideran que éste no es, precisamente, uno de los problemas legales más graves de Trump. Están endientes el 6 de enero, el caso de Georgia y el de los documentos oficiales que no tenían por qué estar en su poder.

En el pasado reyes y reinas eran llevados al patíbulo. Y el Tsar y su familia fueron asesinados en Rusia.