Ojalá la Fiscalía, que se supone está en diligencias en Cali por estos días indagando sobre lo que pasó en el Paro, sea capaz de ponderar imparcialmente lo que esta ciudad sufrió. Como no me he cansado de decir, y como la mayoría ya reconoce, esto no se trató de ningún movimiento de santos indignados. Los delincuentes que nos azotaron y hoy se burlan en nuestras caras, deben pagar.

Los fiscales deberían estar revisando el material abundante que muestra que no nos bloquearon con girasoles. La Primera Línea estaba armada y usó violencia. Algunos inocentes se dejaron usar por las garras del terrorismo y del crimen organizado, otros se hicieron un pajazo mental, otros se deleitaron en la destrucción que siempre les da placer. La Minga terminó en el mismo juego, así se quieran escudar en su discurso de derechos y vulnerabilidad.

Estar de acuerdo sobre el hecho de que un delito tiene un precio a pagar no debería ser un chicharrón para polemizar. El problema es que en Macondo solo quieren que paguen los que no convienen. Y así uno francamente no entiende el mundo de las leyes en este país. Acá los victimarios se llenan de dicha de que no les tocan un pelo y los ciudadanos que seguimos la ley padecemos a diario la frustración de la impunidad rampante. Hasta yo, como saben algunos, terminé teniendo que defenderme legalmente por denuncias penales de la Primera Línea.
Lo que no quieren, y no permitirán, es que les quiten la capucha. En su juego de todas las formas de lucha, el fin último es sacar a sus adversarios del juego.

Estamos obsesionados con escribir regulación y establecer sanciones pero muy poco listos a hacer que esa teoría idealizada se vuelva realidad.
Ahí hay un trabajo grande por hacer. Y no, el problema no es solo de los jueces. Tampoco solo de una justicia politizada, aunque lo está. El problema también es de la capacidad investigativa de un ente supra poderoso y poco vigilado que también nos falla y crucifica a los ciudadanos. No hay explicación alguna para que la Fiscalía pierda más de la mitad de los juicios, no tiene tampoco pecho para sacar por las tasas irrisorias de esclarecimiento de homicidios. ¿Qué esperanzas puede tener uno si por el delito más grave contra la vida no hay gran chance de saber quien mató?

La ausencia de voceros claros para la seguridad y la justicia entre la clase política también perpetua el vacío. A nadie, nadie le importa con seriedad. No hay debates, no hay vigilancia, no hay propuestas, no hay abanderados. La evidencia más clara fue lo que Cali vivió con los bloqueos y el silencio apabullante de casi todos los que tenían capacidad para incidir. ¿Ahora que la investigación arranca también se quedarán mudos cuando a los afectados nos empiecen a fregar? Es deprimente y miedoso, por decir poco. La factura la estamos pagando todos. ¿Hasta donde la vamos a dejar engordar?
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