No es nada fácil lidiar con la arremetida de la minería ilegal en protesta por la destrucción de la maquinaria pesada con la cual arrasan tierras y lechos de los ríos para la extracción del oro, dejando tras de sí una huella apocalíptica en miles de hectáreas sin rastro de vida alguna. Es deber del Estado hacerlo, el Decreto 2235 de 2012 lo autoriza considerando que la biodiversidad por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad ha de ser protegida prioritariamente. Advierte que dicha minería en algunos casos propicia alianzas con grupos armados ilegales que agudizan la confrontación y la violencia en detrimento de los derechos de la población civil.

La llama de la protesta de los mineros avivada por la delincuencia en su interés sobre el oro y sus rentas, encontró en el bloqueo de carreteras eficaz instrumento para presionar a las autoridades y poblaciones, rehenes a la postre de las ambiciones de aquellos. Es un método en auge (150 bloqueos en este año, según Fedetranscarga) aprendido, como lo dijo un vocero del paro a raíz de las atenciones del Pacto Histórico a integrantes de la primera línea.

La consecuencia es el desabastecimiento de alimentos y medicamentos en los municipios, las amenazas, la violencia, el incendio de vehículos de carga y ambulancias, la indefensión ante el desafío y ataques a la fuerza pública por parte de la turba, lo que pone a prueba la inteligencia del gobierno para sortear el reto.

En ese pulso se corre el riesgo de exigir unos, o prometer los otros, el oro y el moro, lo que coloquialmente significa la promesa de entrega de lo “que no tiene mucho fundamento de cumplirse”, o el pedido de más de lo que puede darse o corresponde en valor o derecho.

La expresión se originó en tiempos del Rey Juan II de Castilla cuando súbditos secuestraron unos moros y les exigían pago por su liberación; el monarca finalmente ordena traer a su corte el moro de más interés y reclamar el oro para sí mismo. Como en toda negociación se requiere astucia y mano firme del gobernante, representante de la Nación, sin concesiones en medio de protestas cuando estas no son pacíficas y ponen en riesgo el derecho a la vida, a la salud y a la movilidad.

La grave perturbación del orden público en el bajo Cauca antioqueño mostró al Presidente la importancia de la Fuerza Pública que protege y ayuda a la población afectada, y el alcance de delincuentes como el Clan del Golfo que avanza en regiones y economías gracias al cese del fuego.
Bien hace ahora en negarse a dialogar en escenarios de bloqueos o violencia de los manifestantes, ojalá mantenga esa posición. Frente al paro minero tendrá que prever que la negociación y formalización puede ser aprovechada por algunos amparándose bajo la sombrilla de la minería tradicional o pequeña cuando en realidad sean de otras ligas mayores.

Hay ya un marco para la legalización y formalización (Ley 2250/2022) de la minería tradicional sin título y de pequeños mineros, y una sentencia del Consejo de Estado que ordena corregir el déficit de protección ambiental en las reglas para otorgar títulos mineros para que se ajusten a las prohibiciones y restricciones de explotación del subsuelo, según sentencias de la Corte Constitucional. Se supone que se consultarán estos parámetros durante los diálogos y la evaluación de las peticiones de los mineros y las propuestas del Gobierno Nacional.