Poder transitar por las calles sin miedo a ser robado, salir o entrar al barrio donde vivimos o a nuestro lugar de trabajo sin pensar en que nuestra integridad está en riesgo son derechos que todos deberíamos disfrutar, sin embargo, en nuestra región algunos problemas de seguridad se nos han convertido en paisaje y nos han alejado de esa sensación de tranquilidad. Incluso, a muchos no parece alarmarlos que Cali y Palmira se mantengan entre las 50 ciudades del mundo con más homicidios o que en el Valle del Cauca haya más de 2000 muertes violentas al año.
Es un hecho que la seguridad en el suroccidente colombiano se ha ido deteriorando en los últimos años, las razones son muchas y sin duda no es solo responsabilidad de este Gobierno Nacional, ni de los recién posesionados gobiernos locales. Sin embargo, lo que sí es claro es que debemos tomar acciones decididas y concretas para frenar esta tendencia y, sobre todo, mejorarla.
Necesitamos que no se use esta situación para luchas o peleas políticas. El problema es lo suficientemente grave como para gastar el tiempo en confrontaciones. Así mismo, es claro que las soluciones no vienen de un solo actor y que como sociedad debemos unirnos para aportar a la solución.
Lo primero y fundamental son las acciones del Gobierno Nacional como primera autoridad militar y de policía del país. Sin embargo, acá se requiere mucho más que soldados y policías, es necesario contar con una mirada estratégica, la presencia permanente del ministro de Defensa y de los altos mandos militares y de policía, además de una intervención judicial que aporte con investigación y judicialización.
A los grupos al margen de la ley se les combate con inteligencia, golpes contundentes de la fuerza pública y cero tolerancias con sus acciones criminales. La búsqueda de la paz debe ser un propósito de todos, pero para lograrlo se requiere de la disposición de todas las partes y en el suroccidente ni las disidencias, ni los otros grupos al margen de la ley han demostrados reales intenciones de hacer la paz.
Por otro lado, se requiere de gobiernos locales decididos a coadyuvar con el gobierno central, aportando recursos que apoyen a la fuerza pública y programas de prevención de la violencia. De esta situación no saldremos solo con pie de fuerza y la lucha armada, es de vital importancia generar oportunidades para los jóvenes para poder arrebatárselos a los grupos armados. También es importante generar entornos de desarrollo en la ruralidad.
Algo en lo que deberíamos enfocarnos es en involucrar a la ciudadanía, no como una red de informantes o extensión de la fuerza pública, sino como los principales actores que conocen el territorio y saben cómo se puede arrebatar a los jóvenes del peligro de ser reclutados. Algunos de estos programas ya se implementan en la región en el marco de Compromiso Valle, integrando la capacidad del sector privado, público, comunidad y la academia.
En un país donde se ha hecho tanta política con la guerra y la paz es difícil dar estas discusiones, pero no hay nada más social que la seguridad, está en juego el principal derecho que es la vida de los ciudadanos. Tenemos que volver a centrar nuestras fuerzas en lo importante. No hay desarrollo ni prosperidad sin la seguridad, por esto debemos unirnos para darle solución a este flagelo que parece no tener tregua en esta zona del país.
*Directora Ejecutiva de Propacífico