La Corte Constitucional decidió el día de ayer despenalizar el aborto hasta las 24 semanas, un hito histórico y un triunfo para las mujeres colombianas. Entre los argumentos de los magistrados están los riesgos que los abortos inseguros presentan para las mujeres y cómo este infringe en su derecho a la salud.

También señalan que el Estado no puede entrometerse en algo tan personal como la decisión de una mujer de terminar o no un embarazo.
Adicionalmente, la Corte estableció que se viola el derecho a la igualdad dado que “la penalización impacta de manera diferencial a las mujeres más vulnerables, entre estas a aquellas en situación de migración irregular…” y que, aquellas que deciden abortar pueden sufrir de problemas de salud y ataques personales o discriminación. Éstas y muchas más razones no solo justifican la despenalización del aborto, sino que muestran un significativo avance en el derecho de las mujeres en Colombia.

No obstante, en redes salieron varias personas a atacar la decisión de la Corte, y a quienes celebraran este fallo histórico, argumentando ser provida. El tema del aborto ha estado marcado por debates moralistas, donde se reduce la complejidad de este tema tildando a quienes están en contra como defensores de la vida, y a quienes apoyan la decisión de una mujer a abortar como asesinos. Olvidan algunos que estar a favor de que una mujer pueda tomar una decisión autónoma es a su vez ser provida.
En un país donde hablar de educación sexual es un tema prohibido, donde existen amplios sectores de la sociedad en contra de métodos anticonceptivos, donde el embarazo infantil aumentó 19,4% entre enero y octubre del 2021, defender el derecho de las mujeres a abortar es defender la vida.

Según el Observatorio de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes, en el 2020 al menos 405 mujeres murieron durante el embarazo o entre los 42 días posterior al parto, por entre otras razones, la hemorragia uterina. Dentro de las razones de estas muertes se encuentran las barreras que enfrentan las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente un embarazo de manera segura pues, en plena pandemia, se veían obligadas a hacer procedimientos inseguros para interrumpirlos.

Por este motivo, defender y celebrar la decisión de la Corte es ser provida, vela por la autonomía y salud de las mujeres que, sea o no penalizado el aborto, se enfrentan a la decisión de interrumpir su embarazo. Su penalización no evita que esto pase, sino que las condena a la clandestinidad y, por tanto, a mayor riesgo a su salud.

Está claro que acompañado de esta decisión se tiene que implementar un programa nacional donde a los jóvenes, hombres y mujeres, se les hable de educación sexual, de métodos anticonceptivos, de no perpetuar el tabú que existe alrededor de los temas sexuales, y que no imperen discursos moralistas o religiosos en temas de sexualidad y salud pública.
Estos programas incluso ya hacen parte de nuestro marco legal, pero no han sido debidamente implementados por barreras invisibles políticas, culturales y desinterés en la agenda pública.

Iniciativas como Poderosas Colombia, que busca reforzar el poder de decisión de jóvenes y adolescentes entre los 13 y 20 años para educarlos sobre derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género son tremendamente valiosos en esta lucha. Pero debe también existir un desarrollo y aplicación de una política pública entre el Icbf, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Educación, entidades locales y ONG para combatir el embarazo infantil y adolescente que es multicausal y requiere una atención integral. Pero se debe desarrollar desde un enfoque de salud pública, y la decisión de la Corte es provida y un gran avance y motivo de celebración.
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