Independientemente de quien ocupe el Palacio de Nariño el próximo 7 de agosto, el país necesita reformas que fortalezcan la institucionalidad del Estado. Entre estas, se debería reformar la elección de quienes presiden los organismos de control, en otras palabras, del Fiscal, Procurador y Defensor del pueblo.

La Constitución de 1991 estableció, en su arquitectura institucional, que ningún presidente pudiese elegir al fiscal, contralor, defensor del pueblo o procurador que coincidiera en su mandato. En su momento, el presidente César Gaviria ternó a Juan Carlos Esguerra, Carlos Gustavo Arrieta y Alfonso Valdivieso para ser el fiscal general. Este último fue electo y ostentó el cargo durante el gobierno de Samper.

Igualmente, en 1996 los postulados para ser Procurador de la Nación fueron Jairo Parra, Mario Suárez y Jaime Bernal Cuéllar, este último siendo elegido y ostentando al cargo entre 12 de diciembre de 1996, después de la destitución de Orlando Vásquez por parte de la Corte Suprema de Justicia en el marco del Proceso 8,000, hasta el 12 de enero del 2001. En otras palabras, Samper eligió al procurador del gobierno Pastrana. Este patrón estaba diseñado para que existiera un balance de poder. El ejecutivo no podía nombrar a quienes presidieran los organismos de control durante su gobierno. No obstante, esto cambió con la reelección de Uribe.

La constitución estaba diseñada para que no existiera la figura de reelección presidencial, y por eso los términos de los líderes de la Fiscalía General y demás organismos de control del Estado no coincidían con los presidentes de turno. Al cambiar la constitución, los tiempos se descuadraron, y ni el presidente, ni la rama legislativa, tomaron cartas en el asunto para ajustar el andamiaje institucional.

Ante todo, es mucho más cómodo y conveniente para la rama ejecutiva escoger quienes son los encargados de vigilar al Estado durante su mandato. No obstante, esto afecta la objetividad e imparcialidad de estos organismos y, por consiguiente, la legitimidad y fortaleza institucional del Estado. Esta reforma, que no fue importante para el gobierno Uribe, Santos o Duque, debe ser una prioridad para el gobierno entrante y para el congreso que se posesiona esta 20 de Julio.

Igualmente, la manera en la que se eligen estos cargos debe cambiar. Según la Constitución, el Fiscal es elegido a un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de una terna enviada por el Presidente de la República. El Procurador, por su parte, es elegido por el Senado, de una terna donde el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado cada uno elige un candidato. El Defensor del Pueblo es elegido por la Cámara de Representantes, mediante una terna elaborada por el Presidente de la República. Aunque la intención de los constituyentes en 1991 era proteger y robustecer la institucionalidad, haciendo que las distintas ramas de poder participaran en la elección de quienes presiden los organismos de control, esto también hace que ninguno asuma la responsabilidad cuando se elige a la persona que no es la indicada. Al fin y al cabo, el presidente, en el caso del fiscal, puede argumentar que él no lo eligió, que el hizo una terna y que la Corte Suprema de Justicia fue quien decidió. Esta institución de la rama judicial, de igual forma, puede argumentar que estos eligieron de una terna que envió el ejecutivo. Y mientras tanto, ambos evaden responsabilidades políticas de haber elegido mal.

Lo mismo pasa con las elecciones de Procurador y Defensor del Pueblo, como las tres ramas de poder tienen su parte en la conformación de ternas y elección de estos altos mandos, nadie asume la responsabilidad cuando se comete un error. Por esta razón, la manera en la que se elige debe cambiar. Una rama de poder, sea la legislativa, ejecutiva o judicial, debe ser la encargada de elegir a quienes lideran los organismos de control. Así se podrá presionar a esta rama de elegir bien y que, como dijo Harry Truman y lo repitió Gabriel Santos en el capitolio, “la responsabilidad del Estado termina en mí”, en este caso sería en la rama correspondiente.

En un discurso en febrero 1963, John F Kennedy dijo: “Una persona puede morir, naciones tener su auge y decadencia, pero las ideas seguirán vivas.” Yo cambiaría la frase a “las ideas e instituciones seguirán vivas”. Debemos entender en el país que nadie, ni las ramas del poder ni quienes la componen, ni los líderes políticos se pueden poner por encima de las instituciones y la ley. La democracia, al igual que la nación colombiana, son un conjunto de ideas que edifican instituciones y normas para que los ciudadanos podamos convivir en paz. Es hora de fortalecer la institucionalidad, asumir las responsabilidades y asegurarnos que las instituciones sigan vivas, se fortalezcan y se adapten a las necesidades nacionales.

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