La vía Mulaló - Loboguerrero es un proyecto del que venimos hablado desde hace muchos años. Son 32 km que hemos sufrido como región en sus avances, pero sobre todo en sus tropiezos. Solo para hablar de la historia más reciente, fue en diciembre del 2014 que se adjudicó este proyecto, en marzo del 2015 se dio el acta de inicio del proyecto y hasta el 2017 se logró el cierre de las consultas previas, con lo cual el Concesionario pudo radicar el Estudio de Impacto Ambiental en agosto de ese mismo año.
Sin embargo, solo hasta cuatro años después, el 17 de agosto del 2021, la Anla otorgó la licencia ambiental del proyecto. Aunque la decisión significaba un gran avance, cinco días antes el Concesionario había presentado ante el Tribunal de Arbitramento la terminación anticipada del contrato por fuerza mayor ambiental. En abril de 2023 el Tribunal de arbitramento negó la pretensión del Concesionario, dado que ya se contaba con licencia ambiental desde el 2021 y ordenó el inicio de la fase de construcción. Todos nos alegramos y pensamos que por fin arrancaría el proyecto, sabiendo que el Gobierno y el concesionario llevaban meses negociando una conciliación sobre un ajuste a los precios debido al tiempo que había pasado. Este acuerdo nunca logró formalizarse.
Hoy estamos a la espera de que otro tribunal de arbitramento tome una decisión sobre la petición del Concesionario de que se dé terminación anticipada del contrato por desequilibrio económico e inviabilidad financiera o que el Gobierno Nacional y este concilien la liquidación o continuidad del proyecto, reconociéndole al concesionario un valor por el tiempo transcurrido. La región ha pedido por todos los medios que se continúe con el proyecto, contar con esta vía permitirá reducir en una hora la llegada de la carga a Buenaventura al disminuir en 52 km el trayecto entre Cali y Buenaventura, lo cual supone importantes ahorros en costos de transporte y logísticos, que impulsan la competitividad de todo el suroccidente colombiano.
Ya ha sido mucho tiempo perdido, por eso pensar en una liquidación debe mortificarnos. No obstante, si el escenario llega a ser este y efectivamente este contrato no puede seguir, el llamado de la región en una sola voz debe ser que los recursos consignados por el Gobierno hasta la fecha en la fiducia y los comprometidos hasta el 2032 se reserven para construir este corredor. Por esto ‘la interfase’ entre un momento y otro debe ser absolutamente transparente y clara. No podemos permitir que el contrato se liquide sin asegurar que los recursos queden reservados.
La Mulaló- Loboguerrero se necesita, el Valle del Cauca y Colombia la necesitan. Por lo tanto, es absolutamente inconveniente aceptar cualquier cosa que no nos asegure la ejecución y terminación de este proyecto. Entendemos que el Gobierno Nacional en el escenario de la liquidación prefiere hacerlo por obra pública, salida que tiene varios interrogantes. Sin embargo, este no es el problema de hoy. Nuestro enfoque debe estar en insistir en que como primera medida se ejecute el contrato actual y si no se puede, debemos asegurar que los recursos que ya están destinados para esta vía no se vayan a ningún otro frente, incluso así sea de interés regional.
En el caso de la Mulaló - Loboguerrero, como en muchos otros, nos convoca los intereses regionales y el trabajo articulado de todos los que hacemos parte de este ecosistema político, empresarial y social. Es fundamental que rodeemos este proyecto y protejamos los recursos, sobre todo en esta coyuntura en la que el Gobierno necesita caja y está viendo las vigencias futuras de este proyecto como una salida para tener recursos en el corto plazo.
Directora Ejecutiva de Propacífico