Tal como lo habíamos advertido en varias ocasiones desde este mismo espacio, la situación de orden público del municipio de Jamundí se ha venido deteriorando de una forma dramática y está hoy en un punto de extrema gravedad.

Lo que era una guerra entre actores armados vinculados al negocio del narcotráfico en la zona montañosa de esa población, ha pasado a convertirse en un fenómeno delincuencial con múltiples aristas, que pone cada vez más en riesgo a todos sus habitantes y visitantes. El secuestro de civiles es la más reciente de ellas.

La semana pasada, en un hecho sin precedentes en la historia reciente, cuatro personas fueron secuestradas en dos acciones criminales perpetradas en la zona rural de Jamundí en menos de 48 horas. Aunque al cierre de la presente edición dos de ellas –trabajadores de una empresa constructora que desarrolla proyectos en la zona– habían sido liberados por sus captores, nada se sabe de las otras dos: un padre de familia y su hijo, de solo 17 años, quienes fueron plagiados el jueves cuando viajaban hacia un lugar de descanso.

Y esa es la razón del clima de miedo e incertidumbre que cunde hoy en una región que hasta no hace mucho tiempo se destacaba por ser un importante polo de desarrollo turístico y una promisoria zona para la producción agrícola. Los secuestros se suman a la explosión de un carro bomba en el corregimiento de Potrerito en septiembre pasado, a los múltiples atentados con granada que se han cometido contra policías en el casco urbano, a la extorsión permanente de comerciantes y a la creciente ola de amenazas e intimidaciones que se desató desde el 2022 contra funcionarios públicos.

Pero lo más grave de todo es que, a pesar de ese creciente panorama de violencia, la respuesta del Gobierno Nacional ha sido la indiferencia. El Estado central ha mantenido a esta población vallecaucana por fuera de todas las estrategias y acciones destinadas a contener el avance del crimen organizado. La zona montañosa de Jamundí tiene más de 1.400 hectáreas de tierra sembradas de coca, pero los programas de erradicación y sustitución de cultivos allí brillan por su ausencia.

Tampoco se ha reforzado la presencia militar en un territorio en el que grupos armados ilegales de todo tipo se disputan el control del negocio de la droga, entre ellos el ELN y las disidencias de las Farc, ambos en diálogos de paz con el Gobierno.

Y es tal el grado de abandono en que está Jamundí, que un comandante del Estado Mayor Central de las Farc se atrevió a confesar abiertamente que los secuestros en la zona son “un procedimiento natural” para, según ellos, “verificar información”. Es decir, los delincuentes se mueven ‘como Pedro por su casa’ en la región.

Jamundí está en alerta roja y el Gobierno no puede seguir ignorándolo. El Ministerio de Defensa debe responder al pedido urgente que ha hecho el Valle del Cauca para que se instale en la zona un batallón de alta montaña. O vendrán hechos muchos más graves qué lamentar.