Independencia inquebrantable

La independencia del Consejo Nacional Electoral, CNE, y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tiene que estar garantizada en un Estado democrático de derecho como lo es Colombia, donde la Carta Política determina la separación de los poderes públicos y establece con claridad las competencias de quienes deben ejercer el control. Por ello hay que rechazar cualquier injerencia indebida o pretensión de cooptar a las autoridades electorales del país.

El país ha visto con preocupación las recientes críticas y actuaciones emprendidas desde el poder Ejecutivo en contra de del CNE y de la Registraduría. La decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal y llamar a indagación tanto al hoy mandatario como a quien fue su gerente durante la contienda, Ricardo Roa, que ejerce actualmente como presidente de Ecopetrol, desató una avalancha de críticas y descalificaciones desde la Casa de Nariño.

A ello se suman las denuncias que en el Congreso de la República se hicieron por un posible recorte presupuestal del 77% sobre los recursos que la Nación le entregaría en 2025 a la Registraduría Nacional, una posibilidad que si bien fue desmentida por el Ministro de Hacienda, aún no se ha descartado, toda vez que sigue sin decretarse el Presupuesto General para el siguiente año.

La semana pasada lo que levantó las alertas y puso a pensar a la opinión pública en una posible injerencia sistemática del Ejecutivo en los órganos electorales, fue la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a nueve funcionarios de la Registraduría, en el marco de un proceso contra la empresa Thomas Greg & Sons, la misma de los pasaportes. Con la decisión, la superintendente Cielo Rusinque desconoce que son la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía los organismos de control encargados de investigar a las autoridades electorales.

Con el inicio de las campañas para Congreso y Presidencia de la República a la vuelta de la esquina, debe como mínimo preocupar que haya alguna mínima pretensión de interferir o cooptar los organismos electorales nacionales. Cualquier injerencia o presión, cualquier pretensión de instrumentalizar al CNE o a la Registraduría con fines del debate político o para tergiversar la voluntad popular, vengan de donde vengan, deben ser rechazadas por todos los colombianos.

Así como se exige la transparencia en las actuaciones del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría, hay que pedir que se vigilen todas aquellas actuaciones con las que se busque afectar la independencia de los dos organismos encargados de velar por los procesos de elección popular, que son la máxima expresión de la democracia.

Basta mirarse en el espejo de vecinos como Venezuela, donde el régimen de facto lleva 25 años coaccionando los comicios, para entender lo que está en juego cuando se manipula la separación de los poderes públicos, incluida la autonomía de los organismos electorales. En Colombia se tienen que brindar todas las garantías de que se respetará el Estado democrático de derecho.