La libertad de prensa es un principio inherente a cualquier democracia. Por ello toda acción que pretenda amordazar o amedrentar a los medios de comunicación y su derecho a informar debe ser rechazado por la sociedad en su conjunto.

Hoy desde el periódico El País nos solidarizamos con Publicaciones Semana, luego del ataque que sufrió al medio día de ayer, cuando un grupo que se denominó movimiento de autoridades indígenas del suroccidente colombiano, ingresó a la fuerza en su sede de Bogotá, agredió a un guarda de seguridad, provocó daños materiales y atemorizó a quienes se encontraban en el lugar. No hay motivo alguno que avale la violencia como mecanismo de protesta o de inconformismo contra la prensa.

Discernir es un derecho en un Estado como Colombia, que se precia de democrático y respetuoso de las diferencias, en particular de aquellas que tienen que ver con el pensamiento, las posiciones ideológicas o las inclinaciones políticas. Existen los escenarios apropiados para debatir las ideas, así como para exponer los desacuerdos, pero no son las vías de hecho, mucho menos las violentas, las que permitirán llegar al entendimiento pacífico que reclama Colombia.

El periodismo y los medios de comunicación cumplen una función social que se debe hacer con responsabilidad y veracidad. Ello implica, así mismo, que se respete su derecho a informar de manera libre y a ejercer la crítica sobre las actuaciones del Gobierno y en particular de los funcionarios públicos. Es un principio esencial en cualquier Estado Social de Derecho, sobre el que no se puede transigir.

El ataque del fue objeto Semana no puede verse como un hecho aislado. Es consecuencia del discurso reiterado y exacerbado en tiempos recientes, con el que se pretende tergiversar la labor de la prensa nacional, demeritar su trabajo o evitar que ejerza su tarea de investigar, verificar y divulgar el acontecer del país.

Preocupa, por ejemplo, la respuesta de la Ministra de Trabajo luego de la toma a la fuerza de la sede de la Revista Semana. Insinuar que ello es consecuencia de los “periodistas incendiarios”, o que “son los comentarios de los medios de comunicación que alientan a que la gente se exprese de esa manera”, en lugar de rechazar categóricamente los hechos y condenar a los responsables, es avalar la violencia en contra del periodismo y abrir la puerta para que se le ponga a la fuerza una mordaza a la prensa.

Cualquier intención de restringir el ejercicio periodístico libre y plural es un ataque directo a la democracia en Colombia, a la libertad de prensa, a los derechos consagrados en la Constitución Nacional de informar y ser informado, y a opinar sin limitaciones ni cortapisas. Bienvenido el derecho a la protesta, pero de manera pacífica y respetuosa.

Con lo que ni el Gobierno ni la sociedad pueden ser tolerantes, es con el uso de la fuerza bruta ni con ninguna forma de intimidación o amenaza que pretenda acallar a los medios de comunicación o a quienes ejercen el periodismo en nuestra nación.