A las puertas de cumplir dos años de mandato, con niveles de popularidad y aprobación en picada, el presidente Gustavo Petro ha optado por arreciar sus ataques contra el periodismo, en un intento por desviar la atención de la opinión pública sobre los graves problemas que aquejan a su gobierno.
La más reciente víctima de esa estrategia malévola es la Fundación para Libertad de Prensa, Flip, organización civil e independiente que nació hace 28 años por iniciativa de un grupo de respetables periodistas, entre ellos nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, quienes entendieron la necesidad de defender la existencia de un periodismo libre para garantizar la preservación de la democracia.
En un acto que parece ser producto de una deliberada intención de hacer daño, y no fruto de una confusión como algunas voces afirman, el Jefe del Estado ha pretendido asociar los orígenes de la Flip con el fenómeno del paramilitarismo. Un exabrupto que no solo tergiversa burdamente la historia del país, sino que también agudiza el clima de intimidación que se ha desatado contra el periodismo colombiano.
La hostilidad del presidente Petro contra la prensa no es nueva, pero ha aumentado en la medida en que el oxígeno de su proyecto político se ha reducido por cuenta de múltiples factores. No es ninguna coincidencia que su nueva ofensiva se produzca en el contexto de denuncias sobre posible espionaje del poder Ejecutivo al poder Judicial y cuestionamientos al círculo familiar de algunos de sus colaboradores.
En estos casos, como en muchos otros, el periodismo ha hecho lo que le corresponde: investigar e informar. Por supuesto, y como es totalmente lógico y legítimo, con los múltiples matices que reflejan la diversidad misma del debate democrático. Sin embargo, Petro ha venido construyendo, de forma conveniente a sus intereses, la narrativa febril de que los periodistas y los medios son parte de una conspiración orquestada desde sectores opositores para derrocar su gobierno.
Se ha configurado así, desde los círculos más altos del Estado, un creciente ataque contra la libertad de prensa, amplificado peligrosamente en las redes sociales por miles de voces anónimas que no dudan, incluso, en amenazar a quienes cumplen la tarea de informar. Lo cual agrava el alto nivel de riesgo que ya enfrentan los periodistas, especialmente en las regiones más apartadas del país, por cuenta de la acción de los grupos al margen de la ley.
Los cinco crímenes de periodistas que han ocurrido en los últimos 19 meses demuestran que, en efecto, ejercer el periodismo en Colombia se ha convertido en una actividad letal.
En este preocupante contexto, la labor del Jefe del Estado debería concentrarse en propiciar todas las condiciones necesarias para que se cumpla el artículo 20 de la Constitución Nacional, que consagra la libertad de expresión y de prensa. No en desprestigiar y estigmatizar a quienes, con una alta cuota de sacrificio, han trabajado siempre por la defensa de nuestra democracia. ¿Lo entenderá el Presidente?