Nicolás Maduro y el régimen chavista no están dispuestos a abandonar el poder en Venezuela, así esté comprobado el fraude que cometieron en las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado. Por eso mismo, el mundo tampoco puede transigir en su deber de reclamar que le entreguen la Presidencia a quien la ganó en las urnas y hacer lo necesario parar liberar a la nación suramericana de la opresión de los últimos 25 años.

El engaño cometido no se pudo tapar, por lo evidente que fue. Esta vez no sirvieron las triquiñuelas del Consejo Nacional Electoral ni del Tribunal Supremo de Justicia que sin mostrar las pruebas de los resultados lo declararon vencedor en la contienda y le otorgaron de nuevo la investidura como mandatario.

La posición de la mayoría de naciones democráticas, de la Organización de Naciones Unidas, ONU; de la Organización de Estados Americanos, OEA, ha sido la de desconocer el triunfo de Maduro y exigir que se haga una transición tranquila del poder. En ese contexto es inadmisible la propuesta de los gobiernos de Colombia y Brasil de repetir las elecciones porque se sabe de antemano que el fraude se repetirá.

Ahora el llamado tiene que ser a que se cumpla la voluntad popular y a proteger a la población venezolana. Como sucede cuando a un régimen represivo no le quedan argumentos, y frente a la entereza de los ciudadanos que siguen saliendo a las calles a protestar en reclamo de sus derechos y a la caída de un gobierno que no reconocen, el chavismo recurre a la violencia, al terror y a la intimidación para tratar de acallar al pueblo, mientras busca aislar a su población del resto del mundo para ponerle un velo oscuro a su realidad.

Se calcula que en las últimas semanas 2400 personas, en su mayoría líderes de la oposición, han sido detenidas o desaparecidas en el vecino país y al menos 25 asesinadas por fuerzas del Estado. La situación ha llegado a un extremo inusitado, lo que ha provocado que desde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas se esté documentando lo que sucede en Venezuela y no se descarte abrir procesos contra Maduro y miembros de su gobierno.

Por todo ello no se puede permitir que pase al olvido lo que hoy vive la Nación vecina, ni mucho menos que desde algunos gobiernos, incluido el de Colombia, se minimice la gravedad de los acontecimientos. Son la democracia y el derecho a la libertad los que están siendo violados por lo que no puede llamarse de forma diferente a una dictadura.

Son 40 millones de venezolanos que deben ser protegidos, apoyados por la comunidad internacional para que se les devuelvan sus libertades, para que se respeten sus decisiones y tengan las oportunidades que les son negadas desde hace 25 años, cuando el chavismo se instaló en el poder. Afuera hay, además, ocho millones de ciudadanos de ese país que merecen regresar a su patria, de donde salieron en busca de al menos un futuro para ellos y sus familias.

Que la democracia regrese a Venezuela ya.