Convulsionada puede ser un adjetivo adecuado para describir la actividad registrada en el Congreso de la República desde el pasado 20 de julio, cuando se inició la tercera legislatura del actual cuatrienio, que se retomará en febrero próximo, tras el receso de final y comienzo de año.
Lo que sucedió en estos cinco meses fue la profundización de las diferencias que en el primer semestre de 2024 se comenzaron a evidenciar entre el Capitolio Nacional y la Casa de Nariño, las cuales alcanzaron su punto máximo en abril, cuando la Comisión Séptima del Senado hundió el proyecto de salud, la ‘joya’ de las reformas sociales propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro al Legislativo.
Sería la primera de varias derrotas que el Ejecutivo acumuló al finalizar este año, después de que en junio celebró la aprobación de la reforma pensional, cuya viabilidad legal está en mora de ser resuelta por la Corte Constitucional, ante varias demandas por cuestiones como que la plenaria de la Cámara, donde el oficialismo tiene las mayorías, avaló el texto que venía del Senado sin debatirlo.
Pero sin duda el principal fracaso legislativo del Gobierno se dio en las iniciativas económicas. Primero fue el Presupuesto General de la Nación, rechazado por las Comisiones Conjuntas Económicas, debido a que estaba desfinanciado en más de doce billones de pesos, por lo que esta semana fue expedido por decreto, luego de que esa misma instancia legislativa le dijera no al proyecto de ley de financiamiento con el que el Ejecutivo esperaba balancear las insuficientes finanzas públicas.
Lo cierto es que una oposición congresional desordenada y fragmentada ha logrado arrinconar, sobre todo en el Senado, los intereses de la Casa de Nariño, recurriendo a estrategias que pueden ser cuestionadas ética pero no jurídicamente, como aquella de desbaratar el cuórum, salvo cuando coinciden con su propia agenda, como fue el caso de la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones.
Nada, sin embargo, justifica el proceder del Jefe de Estado ante sus derrotas en el Capitolio. Decirle a la ciudadanía que los congresistas son los únicos responsables de los recortes presupuestales que necesariamente se tendrán que hacer en varios sectores públicos y tildar a los legisladores de “malditos”, entre otros epítetos, son actitudes muy distantes de quien llegó a la Presidencia proponiendo un acuerdo nacional. Y resultan inexplicables en alguien que durante más de diez años fue representante a la Cámara y senador y sabe muy bien cómo funciona el parlamento.
Es cierto que por décadas miembros del Legislativo han hecho méritos suficientes para que los colombianos denosten de esa institución, a lo cual contribuye que varios de sus actuales integrantes, incluidos presidentes, estén siendo investigados en medio del escándalo de corrupción detectado en la Unidad de Gestión del Riesgo.
Pero iniciativas tan fundamentales para toda la población, como las reformas a la salud y la laboral, deberían ser tramitadas el próximo año de una manera más objetiva, técnica y serena por todas las partes. Sin embargo, eso será algo muy poco probable, en un año preelectoral.