La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, acaba de hacer público su más reciente informe sobre el estado de la libertad de prensa en el Continente, el cual confirma una preocupante realidad que aquí ya habíamos advertido: el periodismo en Colombia ha sido sometido durante el último año a un asfixiante asedio, sin antecedentes en la historia reciente del país.
El informe es una ‘fotografía’ de lo que ocurrió en esta materia entre el 2 de agosto de 2022 y el 1 de agosto de 2023 y su conclusión es dramática: “Colombia encabeza el listado de 7 países que se encuentran en la franja de naciones con restricción para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa”. Y a ello se suma una “preocupante persistencia de impunidad en las agresiones, amenazas y delitos cometidos contra medios y periodistas”. Lo más grave de todo es que, según concluye el documento, la principal amenaza para la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo hoy en Colombia proviene de “la influencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.
“A los retos que implica la sostenibilidad financiera para los medios en Colombia, se suma un ambiente hostil de parte del Poder Ejecutivo en todos los niveles. La libertad de expresión, información y prensa se tambalean ante una sociedad cada vez más polarizada e intolerante, ejércitos de opinadores sin rostro, pero con acceso a Internet, mientras que los ingresos necesarios para la supervivencia de los medios, persisten en su ausencia”, asegura el informe.
La SIP le ha contado al mundo que “lo anterior se refleja en los constantes ataques vía X (antes Twitter) y alocuciones del presidente Gustavo Petro en contra de medios y comunicadores que son opositores a su gobierno y en las declaraciones de sus ministros que condenan, permanentemente, la publicación de noticias que hacen control y críticas a la gestión del gobierno nacional”.
Y el informe ha hecho énfasis especial en dos casos que reflejan el grave panorama de la prensa en Colombia: las amenazas de muerte contra los periodistas que ejercen su profesión en el municipio de Tuluá, durante la pasada campaña electoral, y la grave agresión que sufrió la revista Semana, en Bogotá, por parte de un grupo de indígenas que participaban en una marcha convocada por el Gobierno.
Estos no son, ni mucho menos, hechos aislados. Según otro informe que había dado a conocer recientemente la Fundación para Libertad de Prensa, Flip, “el repertorio de violencias contra la prensa es amplio. Este año se han documentado un asesinato, 34 casos de acoso judicial, 50 estigmatizaciones y 131 amenazas a periodistas”.
Los colombianos deben tener claro que lo que está en juego con estos ataques sistemáticos contra la libertad de prensa es nada menos que la democracia misma. Por ello, es imperativo que exijan a los poderes públicos garantías plenas para que los periodistas sigan ejerciendo su labor sin restricciones de ningún tipo. Solo así la sociedad podrá garantizar que quienes detentan el poder, no abusen de él.