El próximo 1 de julio, según anuncio que hizo la Alcaldía, en Cali se empezará a cobrar la contribución por el servicio de parqueadero fuera de la vía pública. Se trata de un nuevo intento para organizar el caótico e informal negocio del parqueo en las calles de la ciudad, que contribuye en gran medida al desorden urbano, dificulta la movilidad, atenta contra el espacio público, afecta la calidad de vida de los habitantes de muchos sectores y dificulta el desarrollo de muchas actividades empresariales.
A diferencia de los muchos intentos que se hicieron en el pasado para enfrentar el problema, esta vez la medida que se pondrá en marcha tiene un componente adicional: los recursos que se recauden estarán destinados a fortalecer el Sistema de Transporte Masivo, MÍO, que atraviesa una profunda crisis. Lo cual, en principio, es un objetivo loable, pues la existencia de un servicio público de transporte eficiente y vital es una condición indispensable para cualquier ciudad que pretenda evolucionar y desarrollarse en el presente siglo.
De acuerdo con el Decreto 0439 de 2024, que fijó la fórmula para determinar el cobro, el valor aproximado de la contribución será de $1.700. La cifra corresponde a un uso del servicio, independiente de las horas en que se acceda al mismo.
Serán los ciudadanos caleños conductores de vehículos quienes paguen esta contribución y los empresarios de los parqueaderos deberán trasladar cada mes el dinero recaudado a la Administración Distrital. Con lo cual es perfectamente comprensible la molestia que muchos de ellos han expresado a través de las redes sociales ante la medida. Y por ello resulta conveniente plantear varias reflexiones al respecto.
La primera es que el Gobierno caleño debe garantizar que los dineros recaudados por la contribución se traducirán, de forma concreta y visible, a un mejoramiento en el servicio del MÍO. Para lo cual será necesario que Metrocali entregue cuentas precisas y claras sobre la inversión de dichos recursos. Si esta condición no se cumple, la aplicación de la medida y su legitimidad perderán todo sentido.
Por otro lado, es necesario que la Secretaría de Movilidad ordene el negocio del parqueo en Cali. Pues si bien se estima que hay unos 250 negocios de este tipo en Cali, muchos de ellos serían ilegales. Y son muchos los sectores de la ciudad con déficit de parqueaderos, mientras que otros cuentan con muchos negocios de este tipo sin mayor control.
Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se deberá hacer seguimiento a los efectos de la norma, para determinar si hay un impacto indeseable, por ejemplo, en el comercio organizado. Esto porque ya casi todos los centros comerciales de la ciudad cobran por el servicio de parqueo, y el nuevo costo podría golpear sus ventas, poniendo en peligro el empleo.
A nadie le gusta pagarle más dinero al Estado, especialmente en un país donde lo usual es que ese dinero se pierda. Pero también es necesario entender que si el objetivo común es ponerle en orden a Cali, resulta indispensable hacer un esfuerzo adicional y apoyar la causa.