La llegada de Gustavo Petro y el Pacto Histórico al gobierno significó un cambio que se ha expresado en el poco tiempo que llevan en el poder. Es el resultado de una democracia respetuosa del veredicto de las urnas que también tiene mecanismos precisos para vigilar el ejercicio de las facultades constitucionales, entre los cuales es de especial importancia el control político.

Ese control es la esencia de una democracia en acción, para lo cual el órgano legislativo se constituye en el escenario para el debate público sobre los asuntos que afectan a los ciudadanos. Allí están las distintas vertientes de la política nacional, que ejercen la representación de todos los estamentos sociales y no solo a los partidos ganadores o a las alianzas que se constituyan para construir la gobernabilidad.

En marzo pasado fueron elegidos 295 congresistas avalados por los partidos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. El que se produjeran alianzas para elegir las directivas del Legislativo o Contralor General no puede implicar que se guarde silencio y se renuncie a citar a los ministros y plantear los debates en los cuales los funcionarios les rindan cuenta de sus actuaciones a los congresistas y por su conducto a toda la Nación.

Nos referimos por ejemplo a las actuaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y las declaraciones del Canciller. Está en primerísimo lugar la sorprendente ausencia de Colombia en la sesión del Consejo directivo de la OEA en la cual se votó una moción contra las actuaciones del gobierno de Nicaragua por violación de los derechos humanos en ese país y que terminó en condena. Y están la carta de apoyo a la vicepresidenta de Argentina, a quien la justicia de su país le abrió un proceso, o las declaraciones del ministro Álvaro Leyva que desconocen la actuación de la justicia contra ‘Jesús Santrich’ y sus innegables vínculos con el narcotráfico.

De otra parte, el país está preocupado por las invasiones en varias regiones, las cuales ponen en riesgo el derecho a la propiedad y la convivencia. En unos casos, como lo que ocurre en el norte del Cauca, son movimientos que han invadido y destruido miles de hectáreas y atemorizan a comunidades afroamericanas o a ciudadanos del común. En otros, como el sucedido en Dagua, se apoyan en el discurso del presidente Petro cuando era candidato para usurpar el derecho a la propiedad.

No menos importante es el retiro de 50 Generales de la Policía y el Ejército sin otro argumento que la discrecionalidad presidencial. Así mismo, se dio a conocer el cambio en el Escuadrón Antimotines que parece responder a consideraciones políticas antes que a las necesidades de la sociedad expuesta al vandalismo y el terror.

Todo ello lleva a preguntar por qué no se ha ejercido el control político por los representantes de los colombianos. Es difícil aceptar que los congresistas, muchos de los cuales pertenecen a partidos distintos al oficial, no citen a los funcionarios para que informen sobre actuaciones que comprometen el futuro de nuestra nación y su posición en el concierto internacional.