A la lista cada vez más amplia de presuntas irregularidades en la contratación pública en Cali durante la actual Administración de Jorge Iván Ospina, se suman seis nuevos procesos de responsabilidad fiscal abiertos por la Contraloría General de la República. Celeridad y claridad es lo que reclaman los caleños, que esperan saber qué pasó con esos recursos de la ciudad, así como el alcance de la afectación en caso de comprobarse las arbitrariedades.
Según lo informó ayer el ente de control, en los casos que hoy son materia de investigación hay varios contratos y convenios administrativos que habrían causado un detrimento al patrimonio público por $52.072 millones. Entre ellos están las adecuaciones de varios escenarios deportivos, incluido el estadio Pascual Guerrero, en los que se invirtieron cerca de $500 millones. De acuerdo con la Contraloría, se presentaron sobrecostos, las obras no son funcionales, hubo deficiencia en las interventorías y no se ejecutaron ciertos ítems.
Igual sucede con el convenio suscrito entre la Alcaldía y Emcali para la reposición de redes de alcantarillado así como la rehabilitación vial en algunos barrios, que se terminó de manera anticipada, no cumplió con las condiciones técnicas exigidas y presenta irregularidades en su ejecución. La Empresa de Servicios Públicos le adeuda al municipio el reintegro de $1.420 millones que se le entregaron como anticipo y no se formalizaron.
Los casos más graves de detrimento se habrían dado en el contrato por $34.519 millones suscrito para el mantenimiento de la malla vial, que presenta incumplimientos en su funcionalidad, acusa deficiencias técnicas e irregularidades en las interventorías técnica, administrativa y financiera del proyecto.
Así mismo está en entredicho la construcción del Centro de Promoción de Bienestar Animal, en el que se invirtieron $14.084 millones, fue inaugurado recientemente y sobre los cuales habría hallazgos por pagos mayores al contratista, anomalías en cálculos financieros, deficiencias técnicas, deterioros y falta de dotación para su funcionamiento.
Los procesos abiertos por la Contraloría se suman al cúmulo de investigaciones, alrededor de 400, iniciadas en los últimos tres años y nueve meses en contra del Alcalde y de varios funcionarios de su administración. Entre ellas varias de responsabilidad penal en las que avanza la Fiscalía y que deberían entrar en etapa de juicio en noviembre próximo las tantas más que están en manos de la Procuraduría.
Pareciera como si la ciudad repitiera la historia que ya se vivió en el anterior mandato de Ospina, a quien se le abrieron cerca de 75 casos, la mayoría de los cuales se archivaron por vencimiento de términos, mientras unos pocos que siguieron su curso están sin que se concreten los fallos. De ahí la preocupación de los caleños, a menos de tres meses de concluir el periodo del actual mandatario.
No se puede permitir que sobre la contratación del municipio pendan tantas dudas acerca de posibles irregularidades, que además la ciudad se quede sin saber, y a tiempo, la verdad sobre lo que ocurre, y mucho menos que, de determinarse las responsabilidades, quienes hubiesen cometido delitos contra el patrimonio público se queden sin ser sancionados.