Mientras el presidente Gustavo Petro insiste en alimentar de forma conveniente la narrativa delirante de un presunto golpe de Estado en su contra, los colombianos padecen los rigores de dos graves problemas que se agudizan de forma simultánea: la propagación de la violencia y el progresivo deterioro de la economía.
La más reciente manifestación del primero de ellos ocurrió ayer, cuando terroristas del Ejército de Liberación Nacional, Eln, atacaron una base militar en Puerto Jordán, Arauca. Ese condenable hecho dejaba, hasta el cierre de la presente edición, el saldo de dos uniformados muertos y 25 más heridos. Sin ninguna consideración con la población civil, los terroristas bombardearon la instalación militar con explosivos artesanales, a sabiendas de que a solo 900 metros de ella funciona una escuela en la que había más de 300 menores. Una acción que viola todas las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Son esas las consecuencias de la fracasada estrategia de Paz Total del presidente Petro, que en lugar de contribuir a desmontar la amenaza de los grupos criminales, parece haberles dado mayor poder para aterrorizar a la población e impulsar sus economías ilegales, fundamentadas en el narcotráfico y la minería ilegal.
Esa nefasta política de paz dejó maniatadas a las Fuerzas Militares por largo tiempo en muchos territorios y desactivó la ventaja estratégica que el Estado tenía en el uso de los ataques aéreos. Como era lógico que ocurriera, los criminales se fortalecieron y ahora intentan arrodillar al Estado para forzarlo a una negociación que les beneficie.
Desde el rompimiento del cese al fuego bilateral el Eln ha perpetrado en pocas semanas más de 15 atentados contra la infraestructura petrolera, decretó un paro armado en el Chocó y ha ejecutado múltiples atentados contra la fuerza pública. Todo para forzar al Estado a que se le excluya de la lista de Grupos Armados Organizados. Y la debilidad del Gobierno ha quedado expuesta.
En el segundo frente, el económico, el panorama también es crítico. En lugar de dedicarse a reactivar una economía que muestra francas señales de desaceleración, invirtiendo los millonarios recursos que mantiene guardados, el Gobierno optó por certificar que su presupuesto para el 2025 está desfinanciado en más de $12 billones y por eso requiere cobrar más impuestos.
Un mensaje que ha acrecentado la desconfianza de los inversionistas sobre la estabilidad fiscal del país y ha creado un clima de incertidumbre entre los agentes económicos. Como consecuencia de ello, será cada vez más difícil para el país encontrar solución de fondo al problema de desempleo que golpea a millones de colombianos.
Es en ese preocupante contexto que el presidente Petro ha optado por dedicarse a hacer política, de cara a la campaña del 2026, en vez de gobernar. Sus discursos, cada vez más exóticos, son solo una forma de tapar la ineficiencia de su gobierno. Pero su climax de oratoria incendiaria le causará un grave daño al país.