Los tiempos difíciles para el periodismo colombiano no terminan. Como ocurrió hace 38 años cuando fue asesinado don Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, o en 1997 cuando resultó inmolado Gerardo Bedoya, subdirector de Opinión de El País, hoy las amenazas les llegan desde diferentes frentes a los medios y a quienes ejercen el oficio, mientras hablar de libertad de prensa parece, en no pocas ocasiones, un eufemismo.

El Día del Periodista, que se celebra cada 9 de febrero en Colombia, es también el momento oportuno para insistir sobre la responsabilidad que tienen los comunicadores con la verdad y como voceros de la sociedad. Son principios fundamentales de la profesión, que no pueden ser doblegados por los violentos, ni por regímenes totalitarios ni mucho menos tranzarse por las ambiciones personales o en beneficio de la corrupción.

En este día cobra especial significado el homenaje que se le rendirá a don Guillermo Cano, en el que el Estado reconocerá su responsabilidad y pedirá perdón por el crimen perpetrado el 17 de diciembre de 1986, una época aciaga para la Nación, en la que el narcotráfico y organizaciones armadas le declararon la guerra al periodismo.

La declaratoria, que sale de un fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, no debería quedarse en ese mea culpa. Tendría que llegar acompañada de los resultados definitivos de las investigaciones judiciales, con el nombre de quien ordenó su asesinato y con la respectiva condena, para que deje de ser un caso impune, como el de decenas de periodistas colombianos silenciados a la fuerza.

Para infortunio de la Nación, poco han cambiado las circunstancias en estas cuatro décadas. Las amenazas sobre la prensa continúan, con diferentes actores pero con las mismas intenciones de acallar la verdad, manipular la información o poner a los medios al servicio de intereses oscuros.

Los periodistas de Tuluá, en el Valle del Cauca, son ejemplo de ello. Las organizaciones delincuenciales que operan en la región los han convertido en blanco de sus ataques y bajo intimidación los están obligando a silenciarse, en un claro desafío a la libertad de información y al derecho de los ciudadanos de ser informados, dos de los pilares sobre los que se sustenta un Estado de Derecho y una democracia como la que rige en Colombia.

Situaciones similares se viven en todo el territorio nacional, en particular en la provincia y en aquellas regiones donde los grupos criminales operan o donde el Estado no llega para cumplir con su deber de proteger a los comunicadores que están siendo amedrentados, acallados o eliminados.

Al exigir que se respete la libertad de prensa y se garantice la integridad de sus profesionales, también es necesario recabar en la responsabilidad que les compete a los periodistas y a los medios. En tiempos de inmediatez, de avances tecnológicos, de auge de redes sociales, cuando la Inteligencia Artificial parece remplazar a quienes ejercen el oficio y las noticias engañosas pululan, se requiere de mayor rigurosidad en el ejercicio del periodismo. Volver a los orígenes, a los principios básicos, parece indispensable.

Prensa libre, segura y responsable, defensora de la democracia y cumpliendo su papel como vocera de la sociedad, es lo que debe celebrarse este 9 de febrero, Día del Periodista, en Colombia.