Recular es el término que mejor describe el camino que ha debido tomar la Cancillería colombiana para resolver el lío que se le avecina con la expedición de pasaportes. Ahora busca una negociación con Thomas Greg & Sons, la empresa que demandó al Estado por suspender la licitación que la daba como ganadora para continuar con la impresión de esas libretas, para que prorrogue a partir del 3 de octubre el contrato. Es la salida a la obcecación de este gobierno.
Faltando poco más de un mes para que el negocio concluya, y previendo el caos que se puede presentar en las oficinas de pasaportes si llegan a escasear las libretas, no parece haber una salida diferente y así lo ha entendido el canciller Luis Gilberto Murillo. Es difícil aguantar por un año la demanda del documento que identifica a los colombianos, mientras la Imprenta Nacional se encarga de realizar el proceso.
La situación se veía venir cuando a mediados del año anterior y de manera abrupta el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces en cabeza de Álvaro Leyva, canceló la licitación que se encontraba en proceso. Las críticas por lo que algunos competidores sintieron eran unos pliegos hechos a la medida de Thomas Greg & Sons, y aduciendo el monopolio de la empresa que desde hace 17 años imprime los pasaportes, llevaron, según el gobierno, a tomar la decisión. La demanda contra el Estado por $117.000 millones se presentó en diciembre de 2023 y la novela continúa.
Funcionarios destituidos, suspendidos, incluido el entonces canciller Leyva, u obligados a renunciar por mostrarse contrarios a la decisión respaldada por el presidente Gustavo Petro; intentos por contratar sistemas de otros países para que se encarguen de la impresión de los documentos; más la incertidumbre por lo que pasara a futuro entre otras razones por las dudas sobre la capacidad de la Imprenta Nacional para responder por esa responsabilidad, tienen hoy contra las cuerdas a la Cancillería.
Por ello no pareciera quedarle alternativa diferente a echarse para atrás, recular, y hacer un acercamiento con Thomas Greg & Sons con dos objetivos: la prórroga del contrato y una conciliación para evitar el pago de la suma que pide esa empresa como indemnización.
Los dos acuerdos son urgentes si se pretende evitar el lío que significaría, debido a la escasez, que a los colombianos que soliciten el documento se les niegue el derecho a obtener esa identificación, y de paso impedir que las finanzas estatales se impacten de forma negativa si pierde en la demanda.
Si bien al Gobierno Nacional le pudo asistir la buena intención al tratar de promover la competencia empresarial, la tozudez con la que se ha manejado desde entonces este asunto, comenzando por la del propio Presidente de la República, le traerá graves problemas al país.
Dejar en los próximos meses a miles de ciudadanos sin su libreta de pasaportes y sin la posibilidad de salir de Colombia, no es una opción. Como no lo es pretender que una entidad pública sin experiencia en ello, como la Imprenta Nacional, sea la responsable de su expedición. Lograr un acuerdo con Thomas Greg & Sons parece hoy la única alternativa inmediata y viable.