El pasado sábado se firmó el sorpresivo acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, para la compra de tres millones de hectáreas de tierra que se aplicarían a la reforma agraria. No obstante los adjetivos que se han usado para resaltar esa negociación como la salida al problema agrario y social del campo en nuestro país, debe decirse que con ello apenas se inicia un proceso al cual le faltan muchos elementos para su concreción.

En efecto, según lo divulgado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el documento firmado por el presidente Gustavo Petro y el doctor José Félix Lafaurie en su calidad de representante del gremio es un acuerdo mediante el cual el Gobierno se compromete a comprar las tierras que voluntariamente quieran vender los ganaderos. Y fija una serie de requisitos para llevar a cabo las negociaciones, empezando por la exigencia de que los títulos estén libres de cualquier obstáculo que impida o dificulte su compraventa.

También establece que esas compras irán acompañadas del asesoramiento que Fedegán prestará a los adjudicatarios de los terrenos, “asistencia técnica, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria para el desarrollo de proyectos productivos de ganadería sostenible, priorizando la implementación de Sistemas Silvopastoriles Intensivos para la producción de carne y leche”.

De otra parte, la información divulgada por el Ministerio contiene declaraciones como que “se propenderá porque la adquisición de tierras tenga una concentración en número de hectáreas, que facilite la ejecución de proyectos productivos en escalas rentables”, y “se buscará además desarrollar programas de acompañamiento para acceso al crédito, así como programas de asociatividad y apoyo a la comercialización”. Son declaraciones que dan luces sobre la manera en que se ejecutará uno de los programas bandera del presidente Petro.

Es claro entonces que hay un acercamiento que despeja las inquietudes sobre posibles expropiaciones que preocupan a los colombianos. Es el diálogo entre representantes de uno de los sectores más estigmatizados por los miembros del Pacto Histórico y uno de los más representativos dirigentes de la izquierda que hoy desempeña la primera magistratura.

Pero debe reconocerse también que lo divulgado hasta ahora no tiene definidos aún muchos elementos claves como el precio y la manera en que se pagarán los bienes que sean adquiridos por la Nación o la posibilidad de aplicar el acuerdo a otros sectores agrarios. Si bien se menciona la posibilidad de comprar las tierras con bonos de deuda pública, no hay en el documento una precisión sobre el valor que tendrá que asumir la Nación, el cual se calcula alrededor de $60 billones que deberán salir del presupuesto nacional.

Como puede observarse lo firmado el pasado sábado es lo más próximo a un documento de intención entre dos partes que acordaron una posible compraventa, la más grande que se recuerde en la historia de Colombia. Con él se debe iniciar un proceso largo y dispendioso que debe concretar la reforma agraria ofrecida por el presidente Petro.