La Corte Constitucional tiene en sus manos una de las decisiones más esperadas y difíciles de los últimos años como es el futuro de la ley 2381 de 2024, por la cual se reformó el sistema pensional colombiano.

El alto tribunal tiene tres opciones: avalarla, declararla inexequible totalmente o aprobarla de forma parcial. Su decisión no es algo de menor importancia, teniendo en cuenta que tanto el Gobierno Nacional como las empresas administradoras de fondos de pensiones en el país, han hecho inversiones para atender a los colombianos una vez entre en vigencia la ley, el próximo 1 de julio de 2025.

El Gobierno prácticamente ha pedido a la Corte que tenga en cuenta que ya existen realidades que pueden ser irreversibles en la implementación de la reforma, por ejemplo, se han expedido decretos, miles de colombianos han hecho su traslado de los fondos privados a Colpensiones, y otros 100.000 están a la espera de su aprobación.

De tal forma, tanto Colpensiones como los fondos privados han realizado un esfuerzo institucional y financiero significativo para prepararse para la reforma, que podría ‘perderse’ si las decisiones no son las esperadas.

El Gobierno es bastante optimista y espera que la reforma pensional pase el examen de la Corte, pero preocupa que ante un revés en el alto tribunal no se planteen por ahora alternativas o no se consideren nuevos escenarios.

El país vive esta incertidumbre, que incluso está afectando la percepción de confianza de los inversionistas. Recientemente se conoció el informe del banco JP Morgan que recomendó no hacer inversiones en Colombia, entre otras razones por el desarrollo que ha tenido la reforma pensional.

No hay que olvidar, que gran parte de las dudas que caen sobre la ley 2381 tienen que ver con que la Cámara de Representantes no debatió el articulado del proyecto sino que acogió el documento que avaló el Senado de la República, hecho que para algunos expertos es un elemento para su inexequibilidad.

De caerse la reforma pensional seguramente el Gobierno acusará a las cortes, hablará de persecución y llamará a la movilización, como ya lo ha venido haciendo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que empieza mal termina mal y, en su momento, se hicieron muchas advertencias alrededor de este proyecto que tiene más de 50 demandas ante la Corte Constitucional.

Además de esto, la reforma pensional fue cuestionada por el posible impacto fiscal para el país, en el mediano plazo, por no tener evaluación clara de los costos y fuentes de financiación, incluso se teme que agrave el déficit fiscal del país.

En democracia los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, ya sea en las calles o en los espacios que considere, pero igualmente el país es un estado de derecho con separación de poderes y las decisiones de las cortes, sean cual sea, deben aceptarse.