La escalada de violencia desatada en Tuluá por la delincuencia organizada tiene que ser enfrentada con decisión por el Estado, ya no con consejos de seguridad ni con visitas fugaces de las autoridades, sino con la contundencia que garantice acabar con todas las formas del crimen que hoy azotan a su población. De lo contrario, será la anarquía la que se imponga y los tulueños quienes continúen siendo sus víctimas.

El sábado fue un día de terror en la ciudad más importante del centro del Valle. En dos atentados sicariales un patrullero de tránsito fue asesinado cuando se encontraba en su vivienda y otro más resultó herido; horas más tarde ocho vehículos fueron incinerados en diferentes lugares, mientras un supermercado resultó afectado por las acciones criminales. Apenas ocho días atrás un carro bomba puesto cerca a la sede de la Alcaldía logró ser desactivado por la Policía.

Todos esos casos, al igual que el homicidio del concejal Eliecid Ávila perpetrado el 31 de diciembre, el asesinato el año anterior de la entonces Secretaria de Tránsito y de una abogada de esa dependencia, las amenazas permanentes a los periodistas o las extorsiones a los comerciantes, tienen un denominador común: la banda La Inmaculada. La que también se conoce como La Oficina está tras el terror que se ha implantado en Tuluá, con el agravante que sus cabecillas, en su mayoría capturados, siguen manejando los hilos del crimen desde las cárceles.

Se dice que los tentáculos de la banda delincuencial habrían tocado a la anterior Administración Municipal, que hay dependencias en la que cogobierna y quiso imponer incluso al personero, lo cual fue denunciado por varios concejales y por el actual alcalde, Gustavo Vélez, hoy uno de los mandatarios locales más amenazados del país.

Así de graves son las razones de la guerra que el crimen organizado le ha declarado a Tuluá, avisada desde hace bastante tiempo, y que no puede enfrentar solo el Municipio, como lo vienen reclamando el Alcalde y la Gobernadora del Valle. Las decisiones tomadas en el Consejo de Seguridad realizado ayer domingo son necesarias, como la militarización de la ciudad, el toque de queda provisional o el despliegue de un mayor número de uniformados de la Policía para que se restablezca la seguridad y la tranquilidad.

La intervención debe ser integral, comenzando por neutralizar a quienes aún encarcelados y bajo la supervisión del Inpec manejan los hilos de la violencia, ordenan atentados terroristas y ataques sicariales, amenazan y pretender chantajear al Estado. A Tuluá, al alcalde Vélez, a los funcionarios públicos, concejales y ante todo a sus habitantes hay que protegerlos además de brindarles garantías de que su vida cotidiana no se verá más afectada.

El crítico panorama que se vive en el centro del Valle se debe atender con urgencia, pero además con rigor y responsabilidad. El clamor de tulueños para que la paz se imponga en su municipio, exigencia con la cual se solidarizan todos los vallecaucanos, requiere ser escuchado desde el Gobierno Central. La estrategia debe tener efectos inmediatos, pero sobre todo garantizar que se mantendrá el orden a largo plazo.