El debido proceso y el respeto de las plenas garantías es lo que se espera de las investigaciones que adelante la Justicia Colombia en contra de cualquier imputado. Ello aplica en todos los casos y, por supuesto, en el que desde hace cinco años se le sigue al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.

La decisión de la Jueza 41 Penal del Circuito de Bogotá, quien rechazó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de precluir el proceso por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal contra el ex mandatario, obliga a pedir que se cumplan esas máximas que rigen a los órganos judiciales en todo Estado democrático.

Así mismo, se debe solicitar que se avance con agilidad en la causa, que fue abierta por la Corte Suprema de Justicia en el año 2018, cuando Uribe se desempeñaba como senador de la República, posición a la que renunció para que fuera la Justicia ordinaria la que asumiera su caso.

Es necesario recordar que el origen de la investigación fue una contrademanda interpuesta por el también senador Iván Cepeda, luego de que el expresidente lo denunciara en 2014 ante la Corte Suprema de Justicia por sobornar testigos y acudir a las cárceles a comprar testigos.

El proceso permaneció quieto en el Alto Tribunal hasta cuando cinco años atrás dio un improbable giro, con magistrados que habrían sido comprados para actuar en contra de Uribe, chuzadas telefónicas ‘por casualidad’ que hoy son parte de las pruebas del caso, con uno de los abogados defensores, Diego Cadena, acusado de pretender cambiar testimonios, y con la orden de detención contra el expresidente de la República, que al final no se aplicó

Es imposible negar que lo que debía ser un proceso exclusivamente jurídico y apegado al acervo probatorio, se convirtió en un juicio político. Instigado, además, por la polarización y la división en que está inmerso el país desde hace ya varios años, que ha permeado a la misma política, pero por igual a la Justicia y al Estado en sus diferentes concepciones.

El segundo rechazo de un juez de la República a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, apoyada además por la Procuraduría, de precluir el proceso al no encontrar evidencias para acusar a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, no significa que el juicio procederá de inmediato. Ahora se debe esperar el resultado de la apelación presentada por el ente investigador, lo que dilatará aún más el caso iniciado hace ya cinco años.

Con la independencia que debe mantener el sistema judicial colombiano y con la presunción de inocencia que rige para cualquier persona investigada o imputada hasta que la Justicia demuestre lo contrario, debe continuar el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A él, como a cualquier ciudadano se le debe respetar el debido proceso y brindarle las garantías a que tiene derecho todo colombiano