Hay para todos y para todo. Esa parece la estrategia de quienes asumieron la vocería de la protesta social que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre, y que quisieron repetir en varias ocasiones, valga la oportunidad decir, con escasa fortuna.

Ciento cuatro o ciento veinte exigencias fueron presentadas en sexta reunión de la mesa de conversación que el Gobierno creó para establecer un diálogo con los voceros de las organizaciones que dicen representar el movimiento. La ‘Agenda del Comité Nacional de Paro Nacional’, presentada por el grupo encabezado por la Central Unida de Trabajadores y el sindicato de educadores del Estado, Fecode, fue una verdadera sorpresa que contiene las más variadas solicitudes, sin importar si son pertinentes o interpretan la inconformidad que salió a las calles, representada por doscientos cincuenta mil personas.

Desde denunciar Tratados Internacionales como la afiliación de Colombia a la Ocde o los de Libre Comercio, hasta incluir sólo artistas nacionales en los conciertos que sean pagados con dineros oficiales. También derogar y negociar las políticas de Seguridad del Estado, acordando los cambios con quienes reclaman la personería de la protesta e incluso eliminar el cuatro por mil y no aprobar la reforma tributaria.

Todo cupo en esa particular carta de exigencias, como volver a negociar con el Eln a pesar del terrorismo con el cual hacen daño a los colombianos y desafían el Derecho Internacional Humanitario, o acabar con el Esmad que ha sido fundamental para impedir que el caos, el vandalismo con que algunos quisieron aprovechar las marchas, se tomara la protesta social. Fue un largo listado que no refleja los puntos sobre los cuales se produjo la movilización.

Y más aún, se reiteró la exigencia, no de dialogar sino de negociar aspectos que en muchos casos superan las atribuciones del poder Ejecutivo, convirtiéndose en verdaderas usurpaciones a los poderes Legislativo y Judicial que ningún Presidente de la República puede abordar sin exponerse a ser calificado como dictador y arriesgarse a un juicio por violar el orden jurídico.

Al parecer, a los sindicalistas y demás integrantes de la Comisión aludida se les olvidó que en Colombia hay una Constitución que establece la democracia representativa y la separación de poderes y fija la manera de expedir las leyes y cambiarlas. Pero además, presentaron un largo y extraño listado de exigencias como la actualización del Código Nacional de Tránsito y el de transporte, y cambiar el modelo de regulación económico de ese sector para que proteja al pequeño empresario.

Todo ello desvía y dispersa el debate sobre los cambios que sin duda se requieren en nuestro país. Quedamos entonces notificados sobre cuáles son las exigencias de quienes firmaron el documento y la posibilidad de que se repita el paro si no se realizan los pedidos presentados en su misiva. Es momento para preguntar si ese documento y la actitud de quienes lo presentaron interpretan a quienes se movilizaron el pasado 21 de noviembre y al resto de los cuarenta y cinco millones de colombianos.