El hecho de que el déficit que tendría el sistema de salud del país el próximo año se esté fijando en $ 19,7 billones muestra, una vez más, los graves problemas que pueden enfrentar los colombianos que padecen alguna enfermedad o requieren un tratamiento médico.

El reciente estudio dado a conocer por el Centro de Estudios Económicos de Anif y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, Afidro, va más allá y estima que ese monto equivale a lo necesario para cubrir la UPC, que es el dinero que el Gobierno paga por cada afiliado, de 15,7 millones de personas que en 2023 se encontraban en situación de pobreza monetaria, debido a que esa UPC ha sido calculada, desde hace tres años, por debajo de su nivel real en alrededor de 2,8 puntos porcentuales anuales.

Parecen datos muy técnicos, pero lo que pone sobre la mesa esta investigación es que las EPS del país siguen sumidas en una profunda crisis financiera, que se ha visto agravada por la demora del Gobierno Nacional en solucionar los problemas que se agravaron de manera paralela a la discusión de la polémica reforma a la salud que el semestre pasado se hundió en la Comisión Séptima del Senado.

Por eso es tan importante que ahora, cuando los ponentes del oficalismo ya están listos para que se empiece a discutir una segunda iniciativa sobre ese tema en la Comisión Séptima de la Cámara, lo que se espera ocurra la semana entrante, es necesario llamar la atención de los representantes que deberán participar en el debate para que piensen primero que todo en los 2,5 millones de citas médicas, exámenes diagnósticos y solicitud de medicamentos que cada día demandan los colombianos que son usuarios de las EPS existentes en el país.

La buena noticia es que, tras analizar el mencionado proyecto de ley, varios gremios del sector, liderados por Acemi, han reconocido la disposición del Gobierno Nacional a escuchar sus propuestas y a concertar en algunos de los temas más críticos de la reforma.

Según los propios gremios, en el nuevo texto de la iniciativa se incluyeron nuevas fuentes de financiación y mecanismos de alivio para el saneamiento de deudas con la red prestadora, lo cual contribuiría a la sostenibilidad y la operación continua del sistema de salud, demostrando que el diálogo y el trabajo colectivo son la clave para sacar adelante la mejor reforma posible para los colombianos.

Y es precisamente ese el espíritu que debe reinar con respecto a otros temas sobre los que no se logró consenso en las mesas técnicas y son igualmente importantes, como son los ajustes que se requieren en los mecanismos de gestión del riesgo, así como en el establecimiento de rutas de atención integrales para los usuarios.

Solo así es posible pensar que este año podría terminar con la definición de un nuevo sistema de salud para los colombianos que mejore los problemas que actualmente agobian el servicio, al tiempo que mantiene lo que está funcionando bien, poniendo siempre a los pacientes por encima de los intereses políticos y/o económicos.