La semana pasada fue escenario de una nueva embestida de invasiones a haciendas y predios sembrados de caña de azúcar en el norte del departamento del Cauca. Además de ataques contra la propiedad, el incremento de esos hechos fue una estrategia para aprovechar el cambio de gobierno y presionar inaceptables desconocimientos de la Constitución Nacional.

Es la destrucción a nombre de las comunidades indígenas, de comunidades afrodescendientes, de tierras adquiridas de acuerdo con las leyes que rigen a Colombia desde hace 212 años y del orden constitucional. Ataques ya armados, incendios y violación de la privacidad que se supone están garantizados por las leyes como árbitro de la sociedad, fueron las herramientas utilizadas por quienes desataron esa oleada, ahora reconocida por el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, como la recuperación de una tierra que según sus directivos les pertenecen desde sus ancestros.

La embestida se produjo a una semana de posesionarse el presidente Gustavo Petro, una estrategia claramente deliberada para producir un fenómeno político mediante inaceptables y peligrosas vías de hecho que ponen en peligro la vida tanto de los invasores como de los trabajadores, de las comunidades afrodescendientes y de los trabajadores de la zona.
Esos hechos no fueron actos contra los ingenios y los latifundistas como han querido presentarlo los dirigentes de esas usurpaciones, sino contra el trabajo pacífico y honrado, contra la convivencia y el Estado de Derecho que garantiza la paz y defiende la vida de todos los colombianos.

Esa paz de que tanto se habla ha sido la primera víctima de la violenta arremetida que comanda el Cric, y sin duda está respaldada por los grupos que han convertido esa región, en especial la zona montañosa, en corredor del narcotráfico, en escenario del terrorismo y de sus disputas. Y con ella se pretendió provocar la reacción de la Fuerza Pública, tal vez tratando de conseguir las víctimas que sirvieran como mártires para justificar las agresiones.

Antes de su posesión y como método para solucionar el conflicto, el presidente Petro planteó el diálogo entre los dirigentes de la industria azucarera y los jefes de las comunidades indígenas que manejan las invasiones. Ahora, como jefe del Estado y primera autoridad del país debe reconocer que con ello se desconoce el orden constitucional. Y que las comunidades afrodescendientes, los propietarios y campesinos que están padeciendo el ataque contra sus bienes y su integridad no pueden ser obligados a negociar los derechos que les debe garantizar el Estado que dirige el presidente de la República.

La situación del norte del Cauca es una amenaza para la concordia en Colombia y no puede tratarse como una disputa territorial de menor escala, como un enfrentamiento entre ricos y pobres, o como la reivindicación de derechos ancestrales inexistentes. Es ante todo un desafío a la Constitución Nacional, a la convivencia entre los colombianos y al orden que hace posible la paz y la concordia, el cual que debe ser asumido como corresponde para evitar consecuencias peores.