Emitir avales para participar en elecciones sin importar si los aspirantes cumplen los requisitos legales, están impedidos o han sido condenados a penas privativas de la libertad. Ese parece ser el camino escogido por las decenas de partidos que deberían garantizar transparencia, convertidos ahora en meras empresas políticas que no tienen en cuenta el interés público.

El informe de la Procuraduría General de la Nación sobre las posibles inhabilidades de 694 de los 117.822 registrados en las elecciones regionales y locales que se celebrarán el próximo 27 de octubre es demasiado preocupante. Aunque es una pequeña proporción, debe llamar a la alerta sobre el papel que están cumpliendo las organizaciones autorizadas por las leyes para otorgar los avales que permitan esa participación.

El asunto se vuelve más alarmante cuando se conoce que hay partidos como Colombia Renaciente, recién nacido por haber elegido un representante a la Cámara por las negritudes, que otorgó 66 de esos avales a personas con prontuarios. O candidatos que no saben leer o escribir para la Alcaldía de Arauca avalado por Alianza Democrática Afrocolombiana, partido también surgido de unos consejos comunitarios que reciben el beneplácito del Consejo Nacional Electoral, CNE, por haber elegido un congresista, a pesar de no tener presencia alguna en el departamento de Arauca.

De tales conductas no se escapan los partidos con experiencia y tradición. Mientras el Conservador dio su aval a 113 candidatos que según el órgano de control tienen inhabilidades, el de la U inscribió a 64 y Cambio Radical a 59 en las mismas condiciones. Y en lo que respecta al departamento del Valle, hay 57 inscritos a los cuales le han encontrado suficientes razones para declararlos inhabilitados, 10 de los cuales recibieron el aval de la misma Alianza Democrática Afrocolombiana.

Se dirá que los 694 es poco frente a los 117.822 registrados. Pero es que no debería haber uno, si se cumplieran las normas que obligan a los partidos a revisar esas inscripciones y a responder por ellas . En el fondo se asoma uno de los vicios que destruyen la confianza en la política, el negocio de vender avales y de permitir empresas electorales de carácter individual cuyo fin es el ánimus lucrandi y no el de ejercer el mandato de los electores.

Ahora sigue el proceso que deberá adelantar el CNE para verificar las denuncias de la Procuraduría y aplicar las sanciones y correctivos necesarios. El temor es que ese proceso no pueda realizarse antes del 27 de octubre, lo que significará que los candidatos inhabilitados pueden ser elegidos, una negación a la transparencia de las elecciones que renuevan la democracia y deben garantizar una administración publica confiable.

Hace treinta años fue asesinado Luis Carlos Galán, quien a través de su vida pública se reveló contra la corrupción, el mercantilismo y el narcotráfico que infectaron la política nacional. Al conocer las denuncias de la Procuraduría se puede constatar que los vicios denunciados por Galán siguen vigentes, desvirtuando la voluntad popular y contaminando el manejo de los asuntos públicos en Colombia.
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