Iniciado el proceso de notificación a los involucrados en la investigación que el Consejo Nacional Electoral, CNE, decidió adelantar contra la campaña Petro Presidente, por la presunta financiación ilegal de esta, es momento de que las partes guarden la calma, adelanten los recursos a los que crean tener derecho y el caso se saque de los micrófonos y se adelante en donde debe ser: en los estrados judiciales.

En efecto, desde el pasado viernes, cuando los colombianos conocieron que tanto el mandatario Gustavo Petro; como el hoy gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la entonces tesorera María Lucy Soto y los auditores Juan Carlos Lemus y María Lucy Soto Caro tendrán que hacer presencia en el tribunal electoral para notificarse de los cargos que les serían atribuidos, se desató una nueva confrontación mediática desde la Casa de Nariño que no le hace bien al país.

Es cierto que hay voces, entre ellas algunas internacionales, que aseguran que hay suficiente jurisprudencia que deja en claro que el CNE no es competente para investigar al Jefe de Estado incluso en su condición de candidato. Y que el Presidente tiene todo el derecho a defenderse de lo que él considera que son acusaciones sin fundamento.

Pero la justicia colombiana ha demostrado ser lo bastante sólida como para que el país tenga la certeza de que podrá enfrentar y resolver en derecho, y con total imparcialidad, la controversia legal que se ha suscitado por la posible violación de los topes de financiación por parte de la campaña que hace dos años llevó al poder a Gustavo Petro.

Es por eso que el Ejecutivo, y precisamente él, como cabeza de la Nación, debe ser el primer llamado a validar la legitimidad de las instituciones y a ratificar la confianza en el Estado de Derecho que impera en Colombia. Y en ese sentido, sin perjuicio de que se acuda a todas las instancias nacionales e internacionales legítimamente establecidas para dirimir las querellas entre los distintos poderes públicos existentes en el país, es necesario que la Presidencia de la República actúe con prudencia y ponderación.

No se trata ni mucho menos de que la Administración Petro renuncie al derecho a gobernar la Nación que la mayoría de los colombianos le otorgaron con su voto en las elecciones del 2022, sino que desde la Casa de Nariño y sus sectores afectos se eviten acciones y expresiones que puedan derivar en un choque violento entre compatriotas, a causa, ni siquiera de diferencias políticas o ideológicas, sino de enceguecimientos producto de una lectura amañada de la ley.

Y claro está que ese llamamiento también tiene que ir dirigido a los magistrados del CNE que tienen a su cargo la investigación en contra de la campaña presidencial, como también a los otros tribunales involucrados en la discusión legal que se ha suscitado, léase el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Los colombianos tienen que tener la certeza de que cada una de esas instancias obrará con total apego a la ley, más allá de la simpatía o la animadversión que sus integrantes sientan hacia quienes hoy ostentan el poder en Colombia de manera legítima.