Con la promesa de lograr la ‘paz total’ y hacer grandes transformaciones para acabar con la desigualdad, la falta de oportunidades y la pobreza extrema, hace dos años llegó al poder el primer Gobierno de izquierda en Colombia. Sin embargo, cuando ya ha transcurrido la mitad del tiempo que el presidente Gustavo Petro deberá permanecer en la Casa de Nariño, es evidente que “el cambio” no ha llenado las expectativas que tenían quienes votaron por él y que, por el contrario, con el paso de los meses, le ha dado la razón a quienes temían, por ejemplo, que la economía del país se iba a venir a pique durante su mandato.
Por supuesto, dicen los expertos, no todo es responsabilidad del Ejecutivo en este aspecto, pero es claro que anuncios como una segunda reforma tributaria, crean un clima de incertidumbre que no resulta favorable ni para el Gobierno ni para los colombianos, ya sobresaltados por el ruido que generan el reiterado y confuso llamado al “poder constituyente” por parte del Jefe de Estado y las investigaciones judiciales en las que está inmersa su campaña a la Presidencia.
Ahora bien, sería injusto decir que la responsabilidad del aumento de la violencia en el país es exclusiva de la ausencia de una política de seguridad eficaz, puesto que la historia patria cuenta cómo el narcotráfico y otras economías ilegales han superado en varias épocas la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad.
Pero también es evidente que la búsqueda de la ‘paz total’ ha favorecido el empoderamiento de grupos armados al margen de la ley que, aprovechando el estatus de negociadores que el Gobierno les ha dado a delincuentes comunes y una marcada tendencia a la contención de la Fuerza Pública, se han apoderado de territorios que, tras la firma del Acuerdo de Paz, lograron disfrutar de un asomo de tranquilidad.
Y es que precisamente uno de los sectores en donde se puede palpar la decepción con respecto al gobierno de Gustavo Petro es el de los líderes sociales y los defensores de los Derechos Humanos, quienes esperaban, por fin, ser una prioridad para la Casa de Nariño. Pero, al igual que la implementación de lo convenido en La Habana, la protección de estas personas sigue siendo una tarea pendiente de la Administración central, así como la lucha contra la corrupción, que le estalló en la cara con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.
De ahí que sea el momento para que el Ejecutivo haga un alto en el camino y se replantee las prioridades para los dos años que le restan en el poder. Es claro ya que no podrá hacer todas las transformaciones que prometió en el 2022, pero todavía tiene la oportunidad de sacar adelante algunas reformas que sin duda el país necesita con urgencia, tales como la de la justicia, la política y la educativa.
Pero no lo logrará si persiste en desoír a los demás sectores de la sociedad, incluida la oposición, y en desconocer lo valioso que hay en lo que el país ha construido hasta ahora. Ojalá la prepotencia le dé paso a la sensatez, para que Colombia pueda avanzar como Nación y no se siga hundiendo por la terquedad de quienes, en su afán por hacer historia, parecen haber caído en una espiral de confusión frente a la manera como se deben resolver los problemas reales de los colombianos.