Son muchos, y muy grandes, los desafíos que deberá enfrentar la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, cuya elección en la semana que concluye puso fin a un tortuoso episodio de la democracia colombiana. Pero todos ellos pueden resumirse en uno solo, que resulta determinante para el futuro del país: lograr que los colombianos recuperen plenamente la confianza en esa institución.

De la actuación de la Fiscalía depende, en gran medida, que el ciudadano de a pie sienta que puede ejercer plenamente su derecho de acceso a la Justicia. Pero es evidente que en los últimos años la entidad ha sufrido una enorme pérdida de credibilidad. Según el más reciente estudio de opinión de la firma Invamer, por ejemplo, el 54% de los colombianos tiene hoy una opinión desfavorable sobre ella.

En ese contexto, las actuaciones de la nueva Fiscal estarán, desde el inicio de su periodo, bajo un riguroso escrutinio público. Y vale la pena repasar algunos aspectos en los que sería deseable que se enfoque.

El primero será probar que desarrollará su labor con absoluta independencia de todos los poderes del Estado, pues es allí donde comienza la transparencia que reclama la ciudadanía.

Un segundo reto será combatir la creciente impunidad en Colombia. Un tema sobre el que existen grandes dudas, pues según advierten muchos analistas, ni siquiera se cuenta con un indicador adecuado para medir cómo se avanza en este campo. Pero esa tarea empieza por garantizar que las denuncias de los ciudadanos no terminen archivadas, uno de los aspectos por los que más se criticó al anterior Fiscal.

Un estudio de la Corporación Excelencia en la Justicia encontró, por ejemplo, que en el 2022 más de un 81% de los hechos criminales que conoció la Fiscalía terminaron en archivo. Estadística que explica en parte por qué muchas personas no denuncian al ser víctimas del delito.

Por otro lado, deberá seguir fortaleciendo las capacidades de investigación de la institución, con herramientas tecnológicas y acuerdos de cooperación, para enfrentar las diversas y muy complejas formas de criminalidad transnacional que hoy están activas en el país.

Y un cuarto gran desafío consiste en luchar contra la corrupción interna que afecta al ente acusador. El Valle del Cauca debe ser una prioridad dentro de la agenda de la fiscal Camargo en este frente, pues en los últimos años se han conocido denuncias sobre presuntas irregularidades que involucrarían a altos círculos de la Fiscalía en Cali.

Y cabe recordar que se cumplieron cuatro años del asesinato del fiscal Alcibiades Libreros, quien al parecer investigaba algunos de esos hechos, sin que el crimen haya sido esclarecido.

A ello se suma el reciente escándalo que salpicó a la actual Fiscal General encargada, Martha Mancera, por sus actuaciones frente a un directivo del CTI en Buenaventura, señalado de tener vínculos con el narcotráfico. Todos estos hechos demandan que haya claridad sobre lo que pasa en el Valle, una región en la que precisamos contar con una Fiscalía fuerte y transparente para derrotar al crimen.