Frente al escándalo por corrupción más vergonzoso de su gobierno y la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral investigue su campaña del 2022 por presuntas irregularidades, la respuesta del presidente Gustavo Petro es irse lanza en ristre contra la institucionalidad y llamar a una revolución popular para que lo defienda. Es el reiterado discurso virulento que no le deja espacio a la sensatez, que además pone en riesgo la estabilidad nacional y atenta contra la democracia.
Cuando debería pedir que las autoridades investiguen de inmediato y a profundidad sus actuaciones, las de sus funcionarios señalados y las de su círculo más cercano, para que cuanto antes se levante cualquier velo que pueda ensombrecer su mandato, el jefe de gobierno prefiere encender aún más los ánimos.
En ese propósito repite en cuanto escenario puede el discurso de un “golpe blando” en su contra, mientras convoca a alzamientos populares para que se conviertan en sus escudos protectores. De paso anuncia que permanecerá en el poder “por el tiempo que el pueblo decida”, y habla de estallidos sociales “multiplicados por diez”, a la vez les dice a los expresidentes “terroristas” y acusa de “vagabundos” y “corruptos” a los magistrados del Consejo Nacional Electoral.
Lo que se ha descubierto en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre, Ungrd, que salpica a exfuncionarios de la entidad, congresistas en ejercicio, ministros y personas de confianza del Primer Mandatario, es grave. Puede que la corrupción haya hecho carrera en esa dependencia, pero los señalamientos actuales se refieren a acontecimientos ocurridos bajo su gobierno. Lo que se espera entonces del Presidente es que, con la misma contundencia con la que acusa a sus detractores, exija llegar a la verdad y que se castigue a los responsables.
Igual debería hacer con la ponencia de pliegos de cargos que dos magistrados del CNE han presentado contra directivos de la campaña presidencia de Gustavo Petro en 2022, por presunta violación de los topes establecidos por la ley. Sin que aún se conozca si será aceptada por la sala plena del Consejo Nacional Electoral para que siga en curso la investigación, el Mandatario ha aprovechado la ocasión para enardecer aún más su discurso incendiario.
Vuelve una y otra vez Gustavo Petro a atacar la institucionalidad, a desconocer el Estado de Derecho que rige en Colombia, a denigrar de la separación de poderes que es la base de la democracia y garantía del respeto por las leyes y la Constitución Nacional. Preocupan, además, sus llamados, cada vez más frecuentes y enardecidos, para que sus bases y bodegas se levanten en pie de guerra, mientras les lanza advertencias a las fuerzas legales del Estado para que se queden inermes aún cuando el país se incendie y se tiña de violencia.
No es el gobierno Petro el que está en riesgo. Es la Colombia democrática y libre, conformada por 50 millones de ciudadanos, a la que el propio Mandatario está poniendo en peligro. Mesura y respeto, señor Presidente, es lo que le pide hoy el país.