La espera para el Valle sigue. Cuando se pensaba que la construcción de la vía Mulaló - Loboguerrero se destrabaría, luego del fallo del Tribunal de Arbitramento que dirimió las diferencias entre el contratista y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, los acuerdos sobre lo fundamental no llegan. Lograr ese entendimiento es urgente por la importancia de un proyecto que es imprescindible para la región y también para Colombia.

Dos meses después de desestimarse la pretensión de Covimar de rescindir el contrato que le fue adjudicado hace nueve años, no hay fecha para el inicio de las obras. El costo actual de la carretera, en el que no se ponen de acuerdo las partes, es el punto de discordia que deberá tener alguna salida pronta.

La pretensión de la Concesionaria Nueva Vía al Mar de ajustar los precios de la obra, tiene validez. Uno era el valor del proyecto en 2015 cuando se firmó el acta de inicio; otro en el 2021 cuando la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, por fin entregó los permisos respectivos, cuatro años después de presentarse la solicitud; y uno diferente hoy, cuando ya no hay mayores obstáculos para comenzar.

Por ello hay que pedirle a la ANI que acepte sentarse a negociar, y a las dos partes que cedan en sus pretensiones para que se alcance un acuerdo final que no le dé más largas a la construcción de la vía. La Mulaló - Loboguerrero no es una carretera más; es la alternativa para el Valle del Cauca y el sur del país de acortar los tiempos y los costos del transporte hacia Buenaventura, donde opera el puerto más importante de Colombia.

Se debe recordar que con esta vía, la primera de las llamadas 4G presentadas por el Gobierno Nacional en el año 2008, se reducirá en 50 kilómetros el trayecto hacia la principal ciudad sobre el Pacífico colombiano, con lo que ello implica en términos de logística y costos financieros para la industria y el comercio nacionales. Como está trazada, la carretera atravesará la Cordillera Occidental en un recorrido de 32 kilómetros, en los que habrá nueve túneles que juntos suman 12,1 kilómetros de extensión, además de 31 puentes y viaductos.

El cálculo es que las obras hoy cuestan $2,5 billones, es decir, un billón de pesos más que cuando se adjudicó el proyecto hace nueve años. Por ello, es imprescindible el reajuste del precio para que el Concesionario acepte el fallo final del Tribunal de Arbitramento. Que se hunda un proyecto tan importante para la región, el cual tiene ya aprobados los trazados, estudios y permisos necesarios, que además se incluyó en el recién sancionado Plan Nacional de Desarrollo, no puede ser una opción.

Lo contrario significaría una frustración para el Valle del Cauca, para el Suroccidente colombiano y para Buenaventura. Y quedaría en evidencia la indiferencia y el desdén con el que se trata desde la capital de la República a la provincia y a departamentos que tanto le aportan a la economía y el progreso nacional.