¿Qué pretende el Gobierno de Daniel Ortega con su persecución a la Iglesia Católica? Esa es la pregunta que la comunidad internacional se hace al ver cómo ese régimen, en lugar de atender los llamados para que libere a monseñor Rolando Álvarez, preso desde el 2022, aprovechó el fin de año para detener a otros 16 sacerdotes nicaragüenses, sin que hasta ahora haya habido una explicación oficial sobre tal proceder.
Una persecución que se ensañó con sus adversarios políticos y los periodistas que quisieron mantenerse independientes. Y que obligó a muchos a abandonar su país para no poner en riesgo sus vidas o fueron expulsados a la vez que se les quitó la nacionalidad, convirtiéndolos en apátridas.
Ese justamente fue el ‘pecado’ del Obispo de la Diócesis de Matapalga: negarse al exilio y optar por permanecer al lado de sus fieles. Al otro día fue encarcelado y luego ‘condenado’ por traición a la patria y propagación de noticias falsas, entre otros supuestos delitos. Sobra decir que no hubo un juicio justo, como tampoco lo hubo para los 222 opositores presos que hace un par de años fueron expulsados del país.
Queda claro que lo que busca el régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, es callar las voces que quieren llamar a la preservación de la democracia y al respeto por los Derechos Humanos. Conceptos que ellos han desconocido durante los 18 años que ya llevan en el poder, al cual se han aferrado sin importar que el pueblo nicaragüense los aborrezca y que la comunidad internacional los censure.
Y eso explica también por qué el Gobierno de Managua se ha ensañado con los religiosos católicos, después de que acusó a varios de ellos de apoyar las protestas que en el 2018 se alzaron en su contra y que Ortega reprimió con una violencia que dejó más de 300 muertos, cuando lo que ellos hacían era acompañar a sus feligreses en la búsqueda de su bienestar, como lo dispone la Doctrina Social de la Iglesia.
Solo que, al igual que en el caso de muchos políticos, periodistas y oenegés, que ya no dudan en calificarlo de dictador, el régimen ha encontrado en los obispos y sacerdotes a pastores que no están dispuestos a abandonar sus ovejas, so pena de ser acusados injustamente y encarcelados en condiciones lejanas a la dignidad humana.
Eso es lo que ha sucedido con monseñor Álvarez durante todos estos meses y lo que ya debe estar ocurriendo con Isidoro Mora, el otro obispo y los demás religiosos puestos en prisión durante los últimos días del año. Por ello, muchos opositores en el exilio, pese a poner en riesgo la vida de los seres queridos que aún tienen en Nicaragua, rechazaron públicamente que Ortega exhibiera fotografías mostrando el supuesto buen trato que le están dando al Obispo de Matagalpa y las buenas condiciones en las que aparentemente lo mantienen.
Hay, sin embargo, que rescatar que las noticias sobre monseñor Álvarez se produjeron luego de que el Gobierno de Estados Unidos acompañara la súplica del Papa Francisco para que se respete la vida y la dignidad de sus religiosos, lo que lleva a pensar que de algo puede servir que no cese la presión de la comunidad internacional sobre la dictadura que actualmente impera en Managua.