Los vallecaucanos debemos cerrar filas para defender a la CVC, cuyo futuro está hoy amenazado por un proyecto de ley que ya avanzó en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Se trata del proyecto de Ley 235 del 2023, cuyo objetivo es prohibir la participación accionaria de las Corporaciones Autónomas Regionales-CAR en Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios.
Quienes lo impulsan en el Congreso de la República sostienen que de esa manera se evitarían potenciales conflictos de interés, pues no se afectaría el principio de imparcialidad y moralidad en los procesos de fiscalización ambiental que deben ejercer estas autoridades ambientales sobre las empresas de servicios públicos domiciliarios.
La CVC tiene participación accionaria en dos importantes empresas de la región, Celsia y Acuavalle, y justamente los rendimientos derivados de esos activos financian una buena parte de la exitosa gestión que desarrolla para proteger el medio ambiente en su jurisdicción. Además, son dineros que también que llegan a comunidades que hacen un trabajo fundamental para cuidar los recursos naturales. Por lo tanto, si el mencionado proyecto es aprobado la entidad sufriría un daño patrimonial descomunal con efectos devastadores para los vallecaucanos.
Algunas voces que defienden el proyecto en el Congreso citan casos aislados en los que ya se habría dado favorecimiento a algunas empresas de servicios públicos en otras regiones del país. Pero no es una situación generalizada y no es, de ninguna manera, el caso de la CVC.
Como bien se demostró en una audiencia pública que se realizó el pasado lunes en Cali con los miembros de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, la máxima autoridad ambiental vallecaucana ha ejercido su tarea con absoluta independencia, con criterios técnicos y siempre en defensa de los ecosistemas de la región.
De hecho, la Corporación puede probar cómo en los últimos años ha impuesto multas por unos $2.000 millones a las dos empresas de las que es accionista, lo que demuestra la absoluta transparencia de sus actuaciones y el ejercicio pleno de su compromiso misional.
Por otro lado, en la misma Audiencia quedó claro que bajo la normatividad vigente las CAR no incurren en ningún conflicto de interés, pues la Ley habla de personas naturales y no jurídicas.
Si el proyecto de Ley 235 es aprobado, la CVC dejaría de invertir en comunidades étnicas, comunidades negras, en las organizaciones ambientales y en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en los 42 municipios del Valle. Además, se paralizaría el exitoso proyecto de reforestación que adelanta en todo el departamento y los humedales quedarían sin protección. Como si todo lo anterior fuera poco, se vería obligada a reducir su planta de personal en unos 450 puestos de trabajo, quedando prácticamente convertida en una entidad inoperante. No puede ser ese el ‘regalo’ que el Congreso le dé a la región elegida para acoger la Cumbre Mundial de la Biodiversidad COP 16. La sensatez debe imponerse y el proyecto 235 debe ser negado.