De nuevo, los paros armados y los atentados a las sedes de la Fuerza Pública aparecen, causando la natural inquietud entre los colombianos que preguntan cómo enfrentar la arremetida de la delincuencia que insiste en presentarse como movimiento político. Es el momento para encarar con decisión la amenaza que pretende atemorizar a la nación, reviviendo las peores épocas de nuestra historia reciente.

Paro armado anunció el Eln para esta semana. Como lo está haciendo en el Catatumbo a raíz de su confrontación con otra banda criminal por el control del narcotráfico, ahora intentan sembrar la incertidumbre en las zonas del país donde hacen presencia. No es difícil recordar las aciagas épocas en las cuales esos anuncios, sumados al ataque frecuente a las guarniciones militares, constituían el lenguaje con el cual ese grupo y las hoy desmovilizadas Farc pretendían imponer sus exigencias y obligar a una negociación.

Ahora, el asunto es que la combinación infortunada del poder que tienen sobre el narcotráfico en muchas partes del territorio nacional y la protección descarada que les proporciona la dictadura que manda en Venezuela, les ha dado nuevos bríos. Pero sus métodos no han cambiado, salvo que los usan para encubrir y fortalecer el control que tienen sobre la cadena que nace en los cultivos ilícitos y culmina con la venta a los carteles internacionales de la cocaína que producen.

Por supuesto, la situación hace revivir los pedidos de quienes, de buena fe, creen que es posible un diálogo con el Eln, cuyos cabecillas están cómodamente instalados en Venezuela y en Cuba. De esa estrategia se aprovechan los mismos cabecillas mediante la red de organizaciones no gubernamentales que controlan en Colombia y en el mundo, tratan de dar a entender que no hay otra salida distinta a revivir los diálogos que murieron con el atroz atentado a la escuela General Santander donde con un carro bomba asesinaron a 22 personas.

Esa amenaza no puede ser desconocida. Si bien es claro que la alianza criminal del Eln y las disidencias de las Farc no tienen capacidad ni respaldo para desestabilizar al Estado, es necesario que las autoridades, sobre todo la Fuerza Pública, estén atentas para enfrentar y responder los posibles ataques. Esos no son tambores de guerra como la maquinaria propagandística de esos grupos de violencia pretende mostrar, si no respuestas legítimas de un Estado que debe defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

Las autoridades conocen el accionar de los grupos que se han unido para tratar de sembrar el temor entre los colombianos. Por ello, es de esperar que no se produzcan sorpresas y que se genere la respuesta adecuada y oportuna a una situación que parecía parte del pasado y hoy es de nuevo motivo de intranquilidad.

Colombia no puede regresar al pasado de los paros armados y el terror con los cuales pretenden intimidarla. Y mucho menos, a permitir que se use el recurso del diálogo sin sentido para justificar la violencia, mientras el Eln y sus nuevos socios cometen toda clase de delitos comunes.