La casi nula ejecución presupuestal, la alta carga burocrática, las dificultades para conformar el equipo de viceministros y la mínima repercusión que ha tenido desde su creación, parecen darle la razón a la Corte Constitucional al declarar inexequible la Ley 2281 de 2023, con la cual se creó el Ministerio de Igualdad y Equidad. Queda claro que no basta con proponer proyectos o crear nuevas dependencias públicas, si su marco fiscal no está bien definido o no tiene un buen sustento.
Los cuestionamientos al Ministerio liderado por la Vicepresidenta de la República se han dado desde el mismo momento en que se presentó en el Congreso el proyecto de ley para darle viabilidad. No estaba entonces clara la necesidad de formar una nueva entidad estatal para que hiciera el trabajo que ya se adelantaba desde otras carteras o instituciones públicas. Fueron varias las voces que exigieron que se cumpliera con todos los requerimientos, incluido el concepto del Ministerio de Hacienda sobre el impacto fiscal que tendría la iniciativa.
Sin tener en cuenta las preocupaciones, el Legislativo aprobó la propuesta, que se convirtió en Ley de la República en enero de 2023. Seis meses después la vicepresidenta Francia Márquez asumía como ministra de Igualdad y Equidad, a la vez que se iniciaba el proceso de crear los cinco viceministerios y 21 direcciones que según el cronograma lo conforman, además de contratar los 744 funcionarios de planta, incluidos ocho asesores del despacho.
Las repercusiones de la nueva cartera en las finanzas de la Nación y en su estabilidad fiscal era lo que por ley debía sustentarse al presentar el proyecto. Como ese marco no se incluyó, como lo exige el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, en el cual se dictan las “normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal”, la Corte Constitucional tomó la determinación de declararlo inexequible por vicios de forma y dio un plazo de dos años para que se subsanen las irregularidades, se tramite de nuevo su creación o se reasignen sus funciones.
Como siguen primando las dudas sobre la necesidad y efectividad del Ministerio, este es el momento propicio para reclamar un análisis sobre su continuidad. Tal cual se dio a conocer hace un par de semanas, la ejecución presupuestal de esta cartera apenas llega al 0,24% en lo que va del 2024, la más baja de las dependencias estatales del orden nacional. A ello se suma que solo están nombrados dos de los cinco viceministros, entre otras razones porque dos de ellas acaban de renunciar, y apenas se han contratado 129 de sus 744 funcionarios.
Hoy el Ministerio de Igualdad y Equidad es un fracaso, que no ha logrado arrancar ni mucho menos cumplir con su misión. En vez de más burocracia o de entidades adicionales que se conviertan en paquidérmicas, lo que se necesita es que los recursos se manejen con transparencia y eficiencia, para que los programas sociales lleguen a quienes en verdad los necesitan. Ese es el cambio que esperan los colombianos.