La comunidad internacional no puede seguir observando, como un testigo impasible, las atrocidades que el régimen de Nicolás Maduro está cometiendo contra la oposición en Venezuela y que constituyen, según un informe que acaba de revelar Human Rights Watch (HRW), la ola represiva más grave que se ha vivido en ese país en tiempo reciente.

La grotesca burla que Maduro hizo a la democracia, al proclamarse ganador de las elecciones del pasado 28 de julio, pese a todas las evidencias de su estruendosa derrota, dio paso a una ola de terrorismo de Estado cuyos resultados ya son escalofriantes.

El mismo régimen del dictador reporta la detención de más de 2.400 personas que cometieron el ‘pecado’ de protestar por el robo de las elecciones. Y reportes de oenegés que le hacen seguimiento a la crisis dan cuenta de al menos 24 muertos, un centenar de heridos y unos 20 desaparecidos. El informe de HRW documentó que “las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como ‘colectivos’, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y procesos penales arbitrarios y acoso a críticos del gobierno”.

Los principales líderes de la oposición permanecen hoy en la clandestinidad para evitar ser arrestados de forma arbitraria y luego sometidos a un juicio político sin garantías por un régimen ilegítimo. Es lo que se pretende hacer con el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, contra quien se emitió el lunes una orden de detención.

A González Urrutia se le sindica de una avalancha de delitos que incluye desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje, entre otros. Lo cual demuestra que Maduro y sus secuaces están dispuestos a violentar todos los derechos de quien se oponga a su decisión de mantener secuestrado el poder.

Mientras tanto, la diplomacia internacional mantiene una posición que no se compadece con la aterradora realidad política reinante en Venezuela. La gestión emprendida por los regímenes de izquierda de Brasil, Colombia y México, que se avizoraba como el mecanismo adecuado para hacer entrar en razón a Maduro, se ha venido debilitando en una demagogia improductiva. El único fruto real de la misma, hasta hoy, ha sido una propuesta grotesca de que se repitan las elecciones, rechazada por todos los actores de la crisis.

A lo cual solo se ha sumado, de parte de Estados Unidos, el decomiso del avión presidencial del dictador, una medida que resulta superflua frente a las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en el territorio venezolano.

En ese contexto, resulta inevitable advertir que el gobierno del presidente Gustavo Petro está rayando en la complicidad con Maduro, al no condenar abiertamente la represión y liderar una acción internacional efectiva en su contra. Un hecho que, a todas luces, desvirtúa totalmente su reiterado discurso de defensa de la democracia.