Las denuncias sobre actuaciones irregulares en las que estarían incurriendo algunos corregidores de Cali merecen la atención de las autoridades locales y de la Justicia. De confirmarse las acusaciones, se estaría frente a posibles responsables de varios delitos, incluido el de permitir o promover las invasiones ilegales, uno de los problemas más graves para la capital del Valle.
Como lo publicó El País en su edición dominical, en corregimientos como La Buitrera, El Saladito y Los Andes, tanto las comunidades como funcionarios de la Alcaldía han notificado situaciones en las que quienes ejercen como autoridades estarían actuando en beneficio propio o de personas allegadas, tendrían conflictos de intereses comprobados para dirimir disputas e ignorarían las órdenes impartidas por la Administración Municipal.
Hay que recordar que entre las funciones de los corregidores están las de representar a la Alcaldía, ser conciliadores y garantes de la convivencia ciudadana, ejecutar la restitución de terrenos comunales, imponer comparendos ambientales y atender violaciones al régimen de obras y urbanismo. Por ello su probidad y transparencia deben estar garantizadas.
Preocupa lo que está sucediendo, por ejemplo, en La Buitrera, donde desde hace meses proliferan los intentos de invasión, hay un crecimiento de construcciones ilegales y afectaciones comprobadas en zonas de protección ambiental debido a la tala y quema de bosques. En medio de ello estarían, según las denuncias, el esposo de la corregidora, dueño de terrenos en el lugar, y ella misma, quien incurriría en actuaciones por fuera de la ley.
Casos similares se presentarían en El Saladito y Los Andes. En el primero, la corregidora ha sido denunciada por la Policía debido a presuntas irregularidades en el ejercicio de su cargo, y la queja se ha elevado tanto a la Procuraduría Provincial como a la Personería Municipal. Según los informes, estaría autorizando construcciones sin el lleno de los requisitos mientras intervendría indebidamente en asuntos policiales.
En Los Andes, las acusaciones contra el corregidor tienen que ver con otorgar beneficios a una persona cercana y no apartarse, por conflicto de intereses, de los casos que tienen que ver con las denuncias en su contra. Se dice que ha tratado de impedir la intervención de las autoridades, recurriendo a artimañas como no informar sobre las audiencias donde imparte sus fallos.
Lo que tienen en común estos tres corregimientos es que están entre los más afectados por las ocupaciones ilegales de tierras y por las construcciones ilegales, que se permiten no obstante violar los requisitos de ley. Y también que quienes deberían impedirlo, en su calidad de funcionarios públicos, no están cumpliendo con su deber o peor aún, que se pueden estar beneficiando de la situación.
Por donde se analice, lo que pasa en estas zonas rurales de Cali es grave. Si las denuncias se han interpuesto desde tiempo atrás, las han instaurado las propias comunidades e incluso funcionarios de la Alcaldía, hay que exigir que quienes investigan y toman las decisiones lleguen a conclusiones en el menor tiempo posible. De lo contrario, Cali seguirá expuesta a que se cometan delitos, como la invasión de tierras, y que quienes los promueven no tengan las sanciones que determina la ley.