De acuerdo con las cifras oficiales, el Valle del Cauca es el departamento de Colombia en donde se ha presentado el mayor número de masacres durante lo corrido del presente año. Hasta el pasado 7 de abril, cuatro hechos violentos registrados en los municipios de Candelaria, Ansermanuevo y Toro han dejado 14 víctimas fatales.
Una estadística deplorable y una situación que hasta hace poco ningún vallecaucano hubiera imaginado, pues si bien la región no ha sido ajena a las dinámicas de la violencia que golpea al país, hechos de esta naturaleza no eran constantes en nuestro territorio.
¿Qué está pasando? Expertos consultados por El País coinciden en señalar que el Valle del Cauca está siendo víctima de un reacomodo de diversas estructuras criminales que operan hoy en Colombia.
Por un lado ocurre la expansión de las disidencias de las antiguas Farc, que aprovecharon la apresurada declaratoria de un cese al fuego decretado por el Estado para fortalecer su accionar delictivo en el Cauca. Y también para intentar sembrar terror en Cali y otros municipios, como lo demuestra el reciente atentado contra la Tercera Brigada del Ejército.
Los expertos señalan, por otro lado, la actividad de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que han hecho alianzas con bandas delincuenciales que se disputan el control del negocio de la droga en el centro y norte del Valle, como ‘La Inmaculada’ y ‘Los Flacos’.
Además, se reporta la intención de la organización criminal antioqueña ‘Oficina de Envigado’, que ya está presente en el Eje Cafetero, de extenderse a territorio vallecaucano.
Como si lo anterior fuera poco, los analistas del conflicto advierten el regreso a la libertad de por lo menos el 80% de los capos del narcotráfico vallecaucano que fueron extraditados en años anteriores a los Estados Unidos.
La violencia que se ha exacerbado en municipios del Norte del Valle desde el 2023 estaría relacionada con la intención de muchos de ellos, de recuperar no solo propiedades que tendrían testaferros, sino también de retomar el manejo de antiguas rutas del narcotráfico.
La gobernadora y los alcaldes que asumieron sus cargos el pasado 1 de enero encontraron este complejo panorama y, en un ejercicio cada vez más efectivo de coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, han venido enfrentando esos desafíos con relativo éxito. Evidencia de ello, por ejemplo, fue el duro golpe que se dio la semana pasada en Tuluá, donde se logró capturar a 21 miembros de la banda ‘La Inmaculada’.
Es evidente, sin embargo, que estos esfuerzos se quedan cortos frente a la magnitud de la amenaza que hoy enfrenta el departamento. Por lo cual los vallecaucanos debemos unirnos para exigir al Gobierno Nacional un tratamiento especial en materia de seguridad.
Se requieren más recursos, técnicos y humanos, que impidan que el Valle del Cauca sea tomado por el crimen organizado y siga liderando estadísticas deplorables, como la de las masacres.