Este jueves 6 de febrero se reanudará se realizará la audiencia del caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Ungrd, sobre la formulación de acusación contra el exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, así como contra los funcionarios Luis Carlos Barreto Gantiva y Pedro Andrés Rodríguez.
En la presentación de la acusación podría haber una novedad, según se ha dicho, y es el anuncio de los preacuerdos a los que han llegado en las últimas semanas el ente investigados y los acusados, quienes han reconocido su plena responsabilidad en varios delitos cometidos en el entramado.
Para las negociaciones se habría tenido en cuenta la información entregada por los procesados, quienes señalaron a varios funcionarios del Gobierno Nacional, contratistas, políticos, entre otros que, al parecer, tuvieron participación en el direccionamiento de contratos.
Entre los contratos que habrían sido usados para beneficiar a algunas de esas figuras, está la compra de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira, además de obras en los municipios de Carmen de Bolívar, Saravena y Cotorra, que tuvieron un valor de 90 mil millones de pesos.
El mes pasado, la Corte Suprema de Justicia informó que había abierto la puerta para que personas no aforadas, es decir, que se encuentren investigadas por la Fiscalía, y entreguen información relevante sobre el escándalo de corrupción, puedan recibir beneficios judiciales.
Eso quiere decir, por ejemplo, que si exfuncionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla podrían tener rebajas de pena adicionales a sus posibles condenas, si entregan información sobre la entrega de tres contratos de la Ungrd a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de que emitieran conceptos sobre empréstitos internacionales, según testigos, con el aval del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
Pero también del rol que pudieron tener en ese escándalo los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
La decisión se conoce el mismo día en que fue aplazada la audiencia de acusación en contra del exdirector de la unidad, Olmedo López y el exsubdirector Pinilla, implicados en el escándalo de corrupción que compromete dineros de la entidad.
Durante esa audiencia, a la que también fueron citados Luis Eduardo López, Luis Carlos Barreto y Pedro Andrés Rodríguez, serán socializados los preacuerdos a los que la Fiscalía llegó con ellos.
López y Pinilla aceptaron su responsabilidad en la malversación de recursos públicos y se comprometieron a aportar información clave sobre los responsables y la estructura de la operación ilícita.
Como parte del preacuerdo, ambos exfuncionarios deberán devolver casi $1.400 millones, además de cumplir una condena de cerca de siete años de prisión. Esta colaboración con la Fiscalía podría ser determinante para conocer la magnitud de los hechos y las posibles conexiones con otros actores involucrados en el desfalco.
Los demás implicados también llegaron a acuerdos con la Fiscalía.