Por Olga Lucía Criollo, Editora de Política y Paz
El hecho de que no se ha implementado en su totalidad el Acuerdo y las dinámicas de conflicto en los territorios son innegables, pero también la voluntad que tiene Colombia para buscar por el diálogo llegar a consolidar la Paz”, dice Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
A su paso por Cali, también le dijo a El País que “la Fuerza Pública debe actuar para que no se aprovechen los ceses al fuego para actividades no conducentes a un diálogo, en caso de que se identifiquen conductas no contempladas en el cese que sean contrarias al marco jurídico colombiano”.
¿Qué impresión se llevaron los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU tras su reciente visita al país?
Ellos vinieron con dos objetivos: el primero era reiterarle a Colombia el apoyo de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad en particular a los esfuerzos de paz que han hecho por muchos años, notablemente desde el Acuerdo de 2016 y en la implementación de los siguientes años, y a los esfuerzos que está tomando para consolidar la paz en todo el territorio. Y el segundo era tener una evaluación de primera mano de los progresos en la implementación, pero también de retos, desafíos y rezagos en muchos casos, y de la situación del país.
Fue una visita muy exitosa, pudieron interactuar con el Presidente, la Vicepresidenta, el Congreso, los implementadores del Acuerdo, el Comisionado de Paz, las delegaciones de los diálogos en marcha, la sociedad civil y actores en territorio, tanto firmantes del Acuerdo, en el caso de su visita al Caquetá, como en Buenaventura, con jóvenes, víctimas y pueblos afrocolombianos e indígenas.
¿Y cuáles son los mayores retos de la implementación del Acuerdo de Paz en la actualidad?
Primero vale la pena recordar que el Acuerdo está en su octavo año, y menos de la mitad de los acuerdos de paz en el mundo llegan al año quinto. Entonces, los colombianos deben celebrar tener un Acuerdo que sigue vivo e implementándose, a diferentes ritmos y áreas, y siguen como retos fundamentales las áreas de carácter transformador. Recordemos que no es un Acuerdo solo para desmovilizar o reincorporar o para la dejación de armas de una guerrilla, sino una hoja de ruta para el país, que trata de resolver las causas que dieron origen al conflicto: reforma rural y política, capítulo étnico. Los mayores desafíos son esas áreas transformadoras y la seguridad.
¿Qué avances se han logrado a hoy?
Lo positivo es que el Gobierno actual ha priorizado esas áreas transformadoras: en la reforma rural se ha avanzado en más tierra en el Fondo de Tierras y en formalización que en los años anteriores, aunque queda mucho camino por recorrer por las metas que tiene el Acuerdo. En el Capítulo Étnico se ha avanzado en la planeación, coordinación y articulación, aunque hay que transformar esos avances en temas concretos para las poblaciones afrocolombianas e indígenas, que han sido muy afectadas por el conflicto; hay una deuda histórica con ellas.
Sin embargo, la violencia persiste en varias zonas del país...
Más de 400 firmantes asesinados, líderes sociales, defensores, defensoras y, no obstante diferentes esfuerzos que se han hecho a lo largo del tiempo, siguen allí las comunidades, que son para quienes se hizo este Acuerdo. En una época vivieron esos dividendos de paz, sobre todo después del 2016, pero, dado que el Estado no entró con la presencia que se esperaba, volvieron a ser sujetos muy afectados por la violencia, por otros grupos armados que se fortalecieron y ampliaron su presencia en territorios. Seguimos convencidos de la implementación integral de los Acuerdos, los diálogos que se están llevando a cabo, que esperemos lleguen a buen puerto, y los ceses al fuego, que si bien tienen un objetivo muy específico, que es la no agresión entre las partes, esperamos que se tomen medidas adicionales para beneficiar a las comunidades. Como se sabe, los enfrentamientos entre los grupos es lo que más causa dolor a las comunidades, confinamientos y desplazamientos, y el Estado debe actuar para proveer ese bienestar a las comunidades.
De hecho, un ejemplo cercano de esa violencia se vive en el vecino municipio del Cauca…
Sí, hay ciertas regiones que tienen grandes índices de violencia o se han mantenido inseguras o inclusive ha aumentado. Nuestra expectativa es la implementación integral del Acuerdo y los diálogos, pero sabemos que no son rápidos en dar resultados, entonces se deben tomar medidas adicionales para proveer la seguridad de las comunidades. El Cauca tiene una multiplicidad de actores con diferentes estructuras, ya sea disputando el territorio o economías ilícitas, y si bien creemos en la vía del diálogo, es cierto que tiene que estar acompañada con que las autoridades cumplan su deber constitucional y provean seguridad a las comunidades, porque ellas han estado siempre a la expectativa de una situación mejor; se merecen todo nuestro apoyo y que acompañemos los esfuerzos por mejorarles la situación, y el Cauca no es la excepción.
¿Pareciera que la Paz es más valorada por la comunidad internacional que por los colombianos?
Primero, hay que apreciar la capacidad de los colombianos para, a través del diálogo, llegar a un Acuerdo de Paz, que es probablemente el último gran acuerdo integral y comprensivo que tiene el mundo, y eso hay que valorarlo y protegerlo, además de los esfuerzos incansables de muchos colombianos por seguir profundizando la paz en los territorios. El hecho de que no se ha implementado en su totalidad el Acuerdo y las dinámicas de conflicto en los territorios son innegables, pero también la voluntad que tiene Colombia para buscar por el diálogo llegar a consolidar la paz. Eso se aprecia desde fuera y se debe apreciar más desde dentro. Ahora, eso convive con una realidad diaria, donde diferentes comunidades tienen muchos retos y la situación de seguridad para excombatientes, líderes sociales, defensores y defensoras sigue ahí, y eso fue lo que se llevó el Consejo de Seguridad.
La historia de éxito de Colombia es por lo que logró y por su resiliencia y persistencia de seguir trabajando por la paz, no porque ya haya alcanzado la paz que siempre ha anhelado. Eso está pendiente, y estamos aquí para seguir trabajando para ello.
Exjefes de las Farc dicen que la JEP se ha apartado del Acuerdo y que estaría llevando a exmandos medios a pensar en volver a las armas, ¿qué opina?
Estamos al tanto de esas diferencias, pero también confiamos en que, como lo han demostrado en muchas otras ocasiones, se puedan buscar puntos de encuentro para que, por un lado, la JEP desarrolle sus funciones en el marco que le dio el Acuerdo de Paz, con la autonomía e independencia que tiene como autoridad judicial y transicional, pero también, dentro de los parámetros del Acuerdo, se pueda, a través del diálogo, encontrar esos puntos, porque se trata de quienes firmaron el Acuerdo sobre ciertos entendidos, pero también de una institución muy importante para las víctimas y la reconciliación nacional, que es el mayor objetivo de un acuerdo de paz de esta naturaleza.
La negociación con el ELN sigue generando escepticismo en una parte importante del país, porque se asegura que esa guerrilla no cumple lo acordado. ¿Cómo la analiza usted?
Tanto del Gobierno como de la delegación del ELN siempre hemos percibido voluntad de paz. Incluso tuvimos interacción con la delegación del ELN cuando las negociaciones se suspendieron, y lo percibimos. Las partes han demostrado voluntad en los ciclos de negociaciones, unos con más complejidad que otros, de repente el proceso ha entrado en crisis, pero pasa en todos los procesos de paz del mundo. Y también debo decir que los compromisos adquiridos, varios en estos ciclos, se han cumplido en diferentes zonas del país, incluyendo el cese al fuego actual, que se renovó por otros seis meses, y el del 2017 y el de abril del 2021, que fue de 30 días. Entonces, no tenemos elementos para dudar de que lo que se acuerde en la mesa, se va a cumplir.
También se dice que los grupos armados ilegales aprovechan los ceses al fuego que firman con el Gobierno para expandirse y ampliar su poderío en los territorios. ¿Qué piensa al respecto?
Los ceses del fuego de carácter preliminar, como los que se están llevando a cabo, tienen dos objetivos principales: uno es la construcción de confianza en la mesa y otro es no atacarse entre las partes en la mesa, precisamente para construir esa confianza y mitigar los riesgos de que sus enfrentamientos, que salvan vidas, arriesguen el proceso. Obviamente, nuestra expectativa es que sean lo más amplios posibles, para beneficio de las comunidades, aunque reconocemos cuál es su objetivo principal. Ahora, esto no significa que todas las conductas no contempladas en el cese son permitidas. En caso de que sean contrarias al marco jurídico colombiano, deben ser perseguidas y la Fuerza Pública debe actuar para que no se aprovechen los ceses para actividades no conducentes a un diálogo, si es que se identifican.
Nosotros no podemos decirlo, porque verificamos las actividades que están contenidas como prohibidas en el cese y sus protocolos, pero si se identificaran por parte de otros actores ese tipo de actividades, se deben perseguir por los canales que tiene la Fuerza Pública para actuar. Entonces, hay que distinguir estas dos cosas, pero también decir que le corresponde a las autoridades ir determinando esto.
En los diálogos con las disidencias de las Farc autollamadas Estado Mayor Central, EMC, ¿cuál es el papel de la ONU?
El Consejo de Seguridad, cuando se propuso que la Misión pudiera verificar los ceses al fuego y nos dio mandato para verificar el cese con el ELN, señaló que consideraría, una vez se reúnan los requisitos, la posibilidad de darle mandato a la Misión para verificar el cese con el EMC, sus protocolos de cese y otros elementos. Entonces, lo que sigue es que, cuando estén todos estos elementos y el proceso esté más robusto y tenga una probable agenda acordada por las partes, el Consejo de Seguridad discutiría la pertinencia, el valor agregado que tiene Naciones Unidas para verificar ese cese como parte activa. Hoy actúa como observadora, pero, además de ser Misión de Verificación, representamos al Secretario General y sus buenos oficios y en ese ejercicio hacemos acompañamiento político en el caso del ELN y del EMC, tratando de que los diálogos que procuran llegar a acuerdos, que puedan ser benéficos para Colombia, avancen de la manera que esperamos, y estoy seguro que es lo que esperan todos los colombianos.
¿Y qué piensa del proceso que el Gobierno iniciará con la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc que lidera ‘Iván Márquez’?
Nuestro entendido es que, en el análisis de la Ley de Paz Total, la Corte Constitucional permite que el Ejecutivo pueda establecer diálogos con los grupos armados que considera de carácter político, y en este caso consideró al ELN, al EMC y a la Segunda Marquetalia con esas posibilidades, y así entendemos ese anuncio. Estaremos muy pendientes de si se instala como tal un diálogo, pero ya la discusión interna, dada la situación jurídico política de la Segunda Marquetalia, cuál sea la decisión que las diferentes instituciones colombianas adopten respecto a su situación, si hay justificación, cuál es el tipo de proceso que se puede establecer con ellos, dada esta situación particular de haberse salido del proceso y haber perdido los beneficios que otorgaba la JEP, estaremos analizando qué podemos hacer, sobre todo pensando siempre en ayudar a Colombia.