Que no haya ataques a civiles ni otras acciones que infrinjan el cese al fuego bilateral temporal de carácter nacional.
Esa es la tarea que tendrá el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (Mvmv), que se instaló tras un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las extintas Farc.
La vigencia de esta misión expirará el 15 de enero de 2024, cuando vence la ‘tregua’ pactadas por las partes, según lo convenido en las últimas horas.
El acto de instalación fue presidido por Camilo González Posso, coordinador de la delegación del Gobierno, y en el participaron representantes de la comunidad internacional, los acompañantes permanentes y los países garantes del proceso de paz con el EMC.
Según un comunicado conjunto, el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación quedó conformado por tres instancias: una nacional, cinco regionales y locales, distribuidas en distintas zonas del país.
Del Mvmv hacen parte el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, además de delegados del Estado Mayor Central.
Por parte de la cartera de Defensa fue asignado el brigadier general de la Infantería de Marina, Rafael Olaya Quintero, y por el EMC Andrey Abendaño, exjefe de la negociación con el Ejecutivo, así como otros tres voceros de esa organización.
De igual forma, la instancia de verificación y seguimiento al cumplimiento del cese el fuego también tiene un componente internacional conformado por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. Y a ellos se suma el acompañamiento de la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias, desde su labor misional.
El Mecanismo “contará también con veeduría social de la población con arraigo en el territorio y a esa instancia contribuirán organizaciones acordadas entre las partes, para “fortalecer el monitoreo dirigido a prevenir incidentes armados entre las partes, reportar y dar alerta de presencia y de acciones armadas contra la vida y la seguridad de las comunidades que pueda ocasionar cualquier actor armado”.
El componente técnico del Mvmv a nivel nacional se encargará de verificar y solucionar controversias relativas a posibles incidentes e incumplimientos que afecten el cese al fuego.
Detienen secuestros
Antes de la instalación del Mvmv, las delegaciones del Gobierno y del EMC convinieron detener los secuestros.
“La Mesa de Diálogos de Paz registra la decisión del Estado Mayor Central de las Farc-EP de abandonar la práctica de retención con fines económicos”, dijo otro comunicado conjunto, emitido al concluir el segundo ciclo que se desarrolló entre el 2 y el 11 de diciembre.
En él también se reseña que “el Gobierno Nacional elevará ante los entes competentes las denuncias sobre alianzas de miembros de la Fuerza Pública y funcionarios estatales con estructuras ilegales, con el fin de que sean investigados y, cuando corresponda, judicializarlos y sancionarlos”.
De igual forma, quedó plasmada la intención de que las delegaciones viajen a los departamentos del Cauca, Arauca, Antioquia, Putumayo y Caquetá para escuchar a las comunidades y atender sus necesidades.
También se acordó el cronograma para la instalación de las instancias del Mecanismo en Arauca, Popayán, Bucaramanga, Villavicencio y Mocoa.
Por último, la delegación del Gobierno menciona que “agilizará las gestiones para la evaluación de la situación de integrantes del Estado Mayor Central que se encuentran privados de la libertad y se realizarán visitas conjuntas para impulsar la atención a situaciones urgentes: jurídicas, de salud, hacinamiento, seguridad y alimentación, entre otras”.
Se espera que el próximo ciclo de conversaciones se realice entre el 9 y el 18 de enero de 2024 en Bogotá.
“Vamos a encaminarnos a hacer una evaluación de este periodo del cese al fuego para decidir si el modelo se mantiene, si se hace una prórroga o si se cambia el modelo de conversaciones”, destacó el coordinador de la delegación del Gobierno, Camilo González Posso.
Sombras en la implementación
La delegada de la ONU para analizar el Acuerdo de Paz, Antonia Urrejola, señaló ayer que hay un contexto político desfavorable para la implementación, pues “un sector no menor de la sociedad colombiana estaba abiertamente contrario al Acuerdo y actores importantes cuestionaron las competencias de la JEP y de la Comisión de la Verdad”.
Apuntó que no se tomaron medidas inmediatas para garantizar el despliegue estatal donde las Farc tenían presencia, lo que derivó en una expansión territorial de las disidencias: “Durante el Gobierno Santos se hicieron esfuerzos, pero falta muchísimo trabajo”.
“Uno de los problemas sigue siendo la ocupación de los territorios. Me refiero no solo a la ausencia de presencia militar sino a la institucionalidad, y eso implica al sector privado”.
Adicionalmente, indicó que el Estado no ha podido prevenir el riesgo, por lo que se han materializado al menos 400 homicidios de firmantes de paz. “A este panorama se suma la impunidad que me atrevería a caracterizar como estructural frente a los autores intelectuales de los asesinatos, amenazas y hostigamientos”, agregó.
Pero dejó claro que la responsabilidad de protegerlos no recae solo sobre la Unidad Nacional de Protección y que no se trata de “tener más camionetas blindadas”, sino de garantizar la seguridad, sobre todo en los territorios más aislados, de la mano de las autoridades locales y nacionales.
Sobre la seguridad jurídica de los excombatientes señaló que ha recibido muchos testimonios de ellos que aseguran que “no saben de su realidad judicial, impidiendo el acceso a garantías del Acuerdo, a servicios y a empleos” y que incluso han sido retenidos por tener vigentes órdenes judiciales, pese a recibir en el pasado una amnistía.
“Estoy convencida de la inaplazable necesidad de que exista una sola instancia estatal de alto nivel que lidere la implementación del Acuerdo, concrete el diálogo entre las diferentes políticas públicas de justicia transicional y asegure la coordinación institucional e interjurisdiccional”, puntualizó”.
Llamado al ELN
“Al anuncio de dejar de secuestrar, hecho por el EMC de las disidencias de las Farc, debe sumarse de inmediato el ELN. Ahora que es adelantado el quinto ciclo de negociación en México, la mejor noticia que desde la mesa de diálogos se le puede dar al pueblo colombiano es que el ELN también renuncia a la desalmada práctica del secuestro en el país”, dijo el defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo.
Y les exigió “entregarlos sanos y salvos para que pasen estas festividades de fin de año en el seno de sus familias. Estamos disponibles a mediar en las entregas humanitarias, no importa el lugar de la geografía nacional, las condiciones de orden público o de difícil acceso, allá estaremos”.
De igual forma, al Estado Mayor Conjunto, disidencias de las Farc-EP, Camargo les dijo: “Lo que esperan quienes habitan en el territorio nacional son hechos concretos. Honren su compromiso, lo acordado en la comunicación conjunta. Comerciantes, empresarios, campesinos, personas en las ciudades y municipios, las comunidades de las regiones apartadas, todos, reclaman al unísono la paz”.