En una carta dirigida a la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite, el magistrado Gerardo Botero Zuluaga, miembro de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, expone una situación alarmante de amenazas y persecución que ha experimentado tras cuestionar una terna para la elección de Fiscal General de la Nación.
La misiva detalla cómo, después de presentar una tutela que argumentaba la necesidad de incluir a un hombre en la terna de la Fiscalía, el presidente Gustavo Petro respondió a través de redes sociales, insinuando que el magistrado era contrario a la participación de mujeres en el proceso.
En la carta cuenta como el mandatario hizo un llamado “a las voces feministas para pronunciarse alrededor del tema, haciéndome ver ante la sociedad como un misógino, y atribuyéndome el no querer que sea una mujer la próxima fiscal general de la Nación, lo cual sea esta la oportunidad para reiterar que esto es totalmente falso”.
Esta declaración generó una oleada de amenazas y ataques contra Botero, afectando su integridad personal y moral.
El magistrado describe la situación como una violación de su derecho a la tutela y una interferencia directa del presidente Petro en el proceso judicial, poniendo en riesgo la independencia del Poder Judicial en Colombia.
En el caso del magistrado, expone como “a partir de un análisis subjetivo del escrito de tutela que interpuse ejerciendo un Derecho Constitucional, escribe de manera deliberada sus juicios u opiniones sobre el asunto, que desdibujan su independencia en su papel como mandatario”.
Además, destaca otros episodios en los que el presidente ha atacado la independencia judicial a través de sus redes sociales, creando un ambiente hostil y exacerbando la opinión pública.
Ante esta situación, Botero busca la intervención de la ONU para proteger su integridad y resguardar la independencia del Poder Judicial en Colombia. La carta subraya la importancia de preservar la igualdad ante la ley y el acceso a un tribunal competente, independiente e imparcial, así como la tridivisión de poderes establecida en la Constitución de 1991.
“Quisiera, finalmente, advertir que esto no se trata de un hecho aislado, pues recientemente, el presidente de la República de Colombia nuevamente ataca la independencia judicial mediante sus redes sociales, como consecuencia de una decisión de la Corte Constitucional en uso de sus plenas facultades judiciales”, agrega Botero.
El magistrado destaca que el comportamiento del presidente Petro va en contra de los principios del derecho internacional que protegen la independencia judicial, y hace un llamado a la democracia participativa, solicitando que no se permita la demonización de quienes expresan opiniones diferentes, respetando la diversidad de pensamiento en una sociedad democrática.