La propuesta del Gobierno de Gustavo Petro encabezado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre el proyecto de humanización carcelaria recibió fuertes críticas por parte del fiscal general, Francisco Barbosa.
“Hemos revisado el proyecto de humanización que se va a radicar en el Congreso y hemos observado que tiene elementos interesantes, pero de nuevo incluyeron un ‘mico’ para beneficiar el narcotráfico y el terrorismo, es decir, volvieron a poner un artículo creando un principio de oportunidad donde personas que sean líderes o cabecillas que hayan cometido narcotráfico, terrorismo, pueden invocar simple y llanamente el temor a la justicia. Se le solicita al fiscal general un principio de oportunidad y, por ende, todas esas personas salen de la cárcel”, dijo el fiscal Francisco Barbosa.
Sobre la base del debate para la mejora de las instituciones, Barbosa le solicitó al Ministerio de Justicia y al Gobierno Nacional “recapacitar”. De hecho, el fiscal ha tenido molestia sobre las declaraciones del ministro de Justicia el pasado lunes 17 de julio, pues anunció que se tomaran dos semanas más para deliberar el proyecto antidrogas.
“El ministro de Justicia dice que nos escucha, pero que hacen lo que quieren, nosotros presentamos discusiones y la democracia es escucharnos todos. La democracia no es imposición, la democracia para mí es la discusión. Si no necesitan el concepto de la Fiscalía, ¿para qué lo piden y para qué nos invitan? Y le hago una invitación al ministro de Justicia de que escuchen a la Fiscalía, de que la obsesión que tiene por imponer los documentos no necesariamente llevan a que se desconozca una posición relevante que tiene la Fiscalía. No se quiere escuchar a la Fiscalía”, cuestionó Barbosa.
Fiscal Barbosa cuestionó iniciativa del Gobierno de pagar a jóvenes por no matar
Toda una polémica se ha desatado en diferentes sectores sociales y políticos luego de que el pasado 7 de julio el presidente Gustavo Petro desde Buenaventura anunciara que a través de un programa que brindará incentivos económicos buscará que jóvenes que integran bandas criminales se aparten de la ilegalidad.
“Les vamos a pagar por no matar”, fueron las controversiales palabras de Petro a propósito de la grave situación de seguridad que se vive en ese puerto del Pacífico, donde se han recrudecido los enfrentamientos entre los bandos que se hacen llamar Los Shottas y Los Espartanos.
De acuerdo con el anuncio del mandatario, y posteriores explicaciones de esta propuesta por parte del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el monto que se le girará a estos jóvenes asciende hasta un $1 millón por mes, más del 90% de un salario mínimo mensual legal vigente en el país ($1.160.000).
Sin embargo, aclaró Velasco, no será permanentemente, sino hasta cuando estas personas logren ingresar a alguna actividad académica o laboral formal que los aleje de los entornos violentos.
“Buscamos gente en riesgo que pueden ser fácilmente cooptados, queremos sacarlos”, dijo el ministro durante una entrevista en Blu Radio a propósito de un programa similar que fue implementado durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá (2012-2016).
A los comentarios y críticas desde sectores como la oposición, congresistas, alcaldes, gobernadores y ciudadanos, ahora se sumó el fiscal general Francisco Barbosa, quien entregó su punto de vista sobre la medida durante su intervención en el 22° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) que se celebra hasta este 14 de julio en la ciudad de Cartagena.
Barbosa Delgado indicó que “ni la ingenuidad ni la candidez pueden ser vectores para entender la criminalidad en un país” y que, por el contrario, se requiere poner en estos temas de acuerdo a todo un país sin perder de vista la ayuda de la justicia, pero sobre todo de “aquellos que hacen las cosas bien”.
El fiscal general invitó a pensar en los más de 49 millones de ciudadanos que no han cometido delitos y “no solamente en los 80 mil que sí cometen”.
“Esto no se va a resolver pagándole a los criminales para que no delincan porque es un incentivo a la criminalidad. Esto se va a resolver cuando entendamos que hay millones de colombianos que también requieren oportunidades y nunca han cometido un delito y quieren que el Estado también les dé la mano, para sacarlos adelante y para que empujemos un país en el marco de principios y en el marco de valores constitucionales”, enfatizó el funcionario.