Este miércoles, 6 de diciembre, fue citada a control político en el Congreso de la República, la actual Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, para responder por los constantes incumplimientos y la presunta corrupción en la obra del Puente de Juanchito. Sin embargo, la mandataria no llegó y simplemente se excusó por no haber podido asistir al importante encuentro.
La polémica obra del Puente de Juanchito nuevamente volvió a los pasillos del Congreso, puesto que ya cuenta con más de 9 años retrasada, 12 anuncios falsos de entrega y sobrecostos que superan el doble del presupuesto. Razón por la cual la mandataria departamental debía responder, pero incumplió a la cita.
Así lo confirmó la misma Clara Luz, quien a través de un oficio, firmado por ella y su delegado, el secretario de Infraestructura, Frank Ramírez, se excusaron para no asistir a la diligencia y de esta forma, no responder sobre los múltiples cuestionamientos ciudadanos que existen alrededor de la obra.
El hecho ha generado gran indignación en el departamento teniendo en cuenta, la construcción de esta obra se ha tardado años y ha sido la promesa de campaña de las últimas gobernadoras del Valle, quienes no han podido sacarla adelante. Situación que atormenta a las personas viven y transitan a diario por esta zona.
“Esto es un irrespeto con la ciudadanía, que por más de 9 años ha tenido que padecer el trancón interminable causado por la corrupción de las administraciones del Partido de La U”, además calificó como “cínica” la excusa presentada por la Gobernación y agregó que “ningún compromiso en la agenda puede ser más importante que responderle a la gente”.
Ante la situación, el debate quedó suspendido y será reprogramado para los próximos días con el propósito de que la Gobernadora pueda asistir y responder de manera formal tanto a la Veeduría del Puente de Juanchito.
Errores contractuales
Es de resaltar que ll valor del convenio 2335 de 2013, suscrito entre el INVIAS y la GOBERNACIÓN DEL VALLE, a la fecha es de $62.100.000.000, más $8.850.000.000 del convenio de interventoría 3087 de 2013, para un total auditado de $70.950.000.000. Esto sin contar con los 47 mil millones del contrato de obra.